Andalucía Acoge critica que en el encierro de la UPO influyan 'lucros particulares'

Andalucía Acoge se sumó ayer a las críticas de otras organizaciones humanitarias y de instituciones respecto al papel desempeñado por algunos colectivos que promovieron el encierro de 434 inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide el pasado 10 de junio. El secretario general de la federación, Francisco Ramos, criticó que 'intereses y lucros particulares' estén influyendo en la protesta de los extranjeros. Ramos comentó que el encierro, en el que permanecen entre 150 y 170 inmigrantes, 'no es la mejor solución', si bien precisó que considera lógico que algunos inmigrantes traten de prolongar la protesta a la vista de su situación de 'extrema necesidad'.

Durante la presentación de la memoria de actividades de Andalucía Acoge en 2001, Ramos criticó con dureza a los políticos que dibujan una imagen negativa de la inmigración como un recurso para captar votos. 'El deterioro de la inmigración es políticamente rentable', censuró.

El representante de la federación destacó la importancia del discurso adoptado por las administraciones públicas por su incidencia sobre la opinión pública y reprochó que el tono de dureza está potenciando 'el rechazo de los ciudadanos'. Ramos reclamó 'una pedagogía política' a los representantes públicos en su análisis del fenómeno migratorio y advirtió que la estrategia de dureza 'no es sostenible a medio y largo plazo'.

Después de valorar la sustitución de Enrique Fernández-Miranda como Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración por Ignacio González, que considera 'más abierto al diálogo', Ramos criticó la decisión del Gobierno de desplazar inmigrantes irregulares desde Canarias hacia otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía: 'Tiene que haber cierta solidaridad entre autonomías, pero lo que no se puede es desplazar el problema de un sitio pequeño a otro porque es más grande'.

Durante 2001, la federación atendió a 39.039 inmigrantes, un 36% que el año anterior, sobre todo debido a incrementos experimentados en Almería y Huelva. El 77% de todos los atendidos en Andalucía por la federación eran indocumentados.