El Congreso de EE UU paraliza una ley que dificultará la declaración de quiebra para eludir los pagos

Congresistas antiabortistas de EE UU se han amotinado contra las directrices de sus líderes y han conseguido paralizar nuevamente un proyecto de ley para dificultar el recurso a la quiebra personal para eludir responsabilidades financieras. Los parlamentarios rebeldes alegan que la ley perjudica directamente a los multados o condenados por atacar clínicas en las que se practica el aborto, que a partir de ahora iban a perder esa defensa.

La reforma legislativa es patrocinada por bancos y otras agencias de crédito y a ella se oponen también asociaciones de consumidores con el argumento de que se penaliza a ciudadanos que han perdido empleo y ahorros como consecuencia de casos de corrupción como los de Enron, WorldCom y otros.

Compañías de tarjetas de crédito e instituciones financieras mantienen que la actual legislación, que sólo exige que un juez acepte las alegaciones de quiebra personal de un particular, les cuestan miles de millones al año, en muchos casos de personas con perfecta capacidad para hacer frente a sus compromisos. Cinco años lleva empantanado en el Congreso un proyecto de ley que iba a establecer normas más exigentes para ampararse en la ley de quiebra. Hace un año, Cámara de Representantes y Senado aprobaron sendos textos que la pasada semana fueron amalgamados en comité conjunto en una ley que parecía a punto de ser admitida por ambas Cámaras y que iba a ser firmada esta semana por George W. Bush.

Pero en la madrugada del sábado, representantes republicanos antiabortitas se negaron a pasar por el aro, los suficientes como para que la ley no fuera aprobada en la Cámara baja.

Los tribunales de EE UU vieron el año pasado 1,5 millones de peticiones de quiebra, el 97% de presentadas por particulares. Frente a la vigente eliminación total del compromiso de pago no garantizado por bienes raíces, el proyecto de ley impone el pago escalonado de la deuda, conforme al criterio del juez, si la persona tiene recursos para pagar el menos la cuarta parte en cinco años o una renta que esté en la media del Estado de residencia.