La Ley de Fundaciones aprueba en julio

Todo llega. Ha pasado, quizás, más tiempo del necesario, pero al final, como se suele decir, todo cae por su propio peso. Los principios sociales, políticos, económicos y, sobre todo, éticos, que desde hace ya bastante tiempo avalan la presencia y la labor de las fundaciones en el mundo de hoy son irrebatibles, desde cualquier punto de vista que se mire. Y los principios terminan por prevalecer por encima de la coyuntura, del momento concreto al que vive sometido, de algún modo, el mundo de la política.

Después de tantos años, desde la llegada al poder del Partido Popular, se esperaba la reforma de la Ley de Fundaciones del 94. Una nueva normativa, más acorde con la realidad de estas instituciones, más confiada y estimulante, fue anunciada y prometida desde la oposición. Aquel compromiso, que también quedó reflejado en el programa electoral, expresaba el saludable objetivo de mejorar sensiblemente la Ley que hoy está en vigor; una norma bienvenida y necesaria entonces, pero limitada, y todavía con anacrónicos residuos de desconfianza y recelo.

Y, por fin, en esta segunda legislatura de Gobierno del PP, vemos con satisfacción que aquellas intenciones, que eran compromisos con el electorado, comienzan a ver la luz. Porque lo cierto es que los proyectos de ley de fundaciones y de mecenazgo aprobados por el Gobierno, y que pronto iniciarán su tramitación parlamentaria, son dos normas que, aunque siempre perfectibles, invierten significativamente la tendencia y abren un horizonte esperanzador.

Satisfacción sí -no nos debe doler prendas decirlo a los que tantas veces hemos recordado promesas y reclamado la reforma- por una normativa que puede dar juego y contribuir al desarrollo y al crecimiento de la actividad de las fundaciones en nuestro país. Pero hay más motivos para estar satisfechos y esperanzados. La labor paciente de siembra de ideas, de razones y de argumentos, las llamadas continuas a la participación y al compromiso de la ciudadanía, parecen finalmente haber calado en la sociedad, en la clase política y en el gobierno.

En muchos momentos llegamos a pensar que eso nunca ocurriría, especialmente durante algún tiempo en que en el texto del borrador de anteproyecto de ley de mecenazgo aparecían unos preocupantes (y descabellados) signos de recelo, probablemente a causa del malhadado asunto de Gescartera. De esta forma parecía que, como yo denunciaba en este mismo periódico, se trataba de matar moscas a cañonazos (o de poner una venda enorme a una herida inexistente). Pero de sabios es rectificar y los vientos han cambiado a favor, ahora, de la historia. La lluvia fina que venía calando desde hace mucho tiempo en todos los ámbitos de la vida social y cultural parece haber llegado, por fin, a dar sus primeros frutos.

Y todavía hay otro motivo de satisfacción. Es lícito pensar que la ejecutoria social y cultural de las propias fundaciones en estos años las ha hecho acreedoras a la confianza que ahora la ley parece otorgarles. Directa o indirectamente, muchos ciudadanos españoles se han visto beneficiados por la actividad de las fundaciones. No son bichos raros, sino instituciones cercanas, que responden, con agilidad y visión de futuro, a las preocupaciones y a las inquietudes de los ciudadanos. Estos proyectos de ley hubieran sido impensables hace, digamos, veinte o treinta años. Ni el clima político ni el clima social estaban entonces maduros -¡cuántas veces lo pudimos comprobar!- para un proyecto normativo como el actual que, dentro de lo que cabe, puede considerarse, como ha testimoniado el Centro Español de Fundaciones, considerablemente avanzado y potencialmente fecundo para las fundaciones, y, en general, para todas las instituciones no lucrativas.

Quedan, con todo, algunos residuos de desconfianza que pueden y deben ser subsanados en el trámite parlamentario. Por ejemplo: se limitan las actividades exentas en una lista cerrada en la que hay exclusiones que afectan, sobre todo, lo cual es realmente sorprendente, a determinadas actividades culturales y educativas. Esto es difícil de entender, y no encontramos una justificación razonable para mantener esa exclusión. Una cláusula de analogía al final de la lista corregiría un error evidente que, de no subsanarse, podría llegar a ser un grave problema para algunas fundaciones. Por otro lado, se observa un retroceso en lo que se refiere al tratamiento fiscal aplicable a las donaciones de bienes (edificios, fincas rústicas, cuadros, cartera de títulos, etc.). En la ley hasta ahora vigente las plusvalías que fiscalmente pueden producirse como consecuencia de tales donaciones están exentas. Según el nuevo texto legal, desaparece la exención, lo que no estimula precisamente este tipo de donaciones, antes al contrario, las hace imposibles o casi.

Más allá de estos aspectos y algunos detalles más que habrá que analizar y estudiar en la tramitación parlamentaria que sigan ambos proyectos, es de justicia señalar el avance que esta iniciativa puede representar para las fundaciones españolas. Más que palabras y promesas, tenemos por delante un debate sobre un texto legal que abre un horizonte nuevo. En esta ocasión no podemos decir que las fundaciones quedaron para septiembre, como asignatura pendiente y menor, sino que el proyecto para su regulación ha merecido un aprobado en julio, y, es de esperar que pueda mejorar la calificación antes de ser definitivamente aprobado.

Antonio Sáenz de Miera es autor de El azul del puzzle.