El jefe de servicio admite que faltan inspectores en Bienestar Social

Bienestar Social tiene menos de la mitad de los 16 inspectores que dicta la ley. Eso ocurre por falta de 'disponibilidad económica' y hace que siete funcionarios vigilen 300 centros. Así lo reconoció el jueves el jefe de inspección, Mario Guillamón, después de que el incendio de una residencia de ancianos acelerara su cierre por carecer de autorización. El diputado socialista Antonio Torres denunció que la falta de fondos no ha impedido triplicar los altos cargos.

En una entrevista emitida en la Cadena SER, el responsable de la inspección de Bienestar Social, el cuerpo de funcionarios encargado de velar por el correcto funcionamiento de los 300 centros que se encuentran bajo la supervisión del departamento que dirige Rafael Blasco, admitió que los siete inspectores con los que cuenta la consejería -incluida su plaza de jefe de servicio- son nueve menos de los que establece la ley de servicios sociales aprobada por el PP en 1997. Miramón no tuvo problema en reconocer que esta falta de personal se explica por la 'disponibilidad económica de la consejería', por lo que, dijo, 'no es algo que me corresponda a mi como jefe de servicio'. El jefe de la inspección tampoco obvió los problemas que se derivan de la falta de funcionarios. 'Los medios son limitados', comentó, 'con más medios desempeñaríamos mejor las labores encomendadas a la Administración'. El aumento de inspectores hasta los 16 que establece la ley es una promesa repetida por los populares y nunca cumplida. En su lugar, el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, ha puesto en marcha un programa de autoevaluación dirigido a las residencias de la tercera edad.

Las declaraciones de Miramón tuvieron ayer respuesta por parte de Antonio Torres. El diputado Socialista criticó que desde la inspección se diga que faltan fondos pero que no haya habido problemas presupuestarios para triplicar los altos cargos de la consejería desde 1995.

Bienestar Social sabía desde el mes de enero que la residencia Il Trastevere II de La Canyada (Paterna) clausurada el miércoles carecía de la autorización de este departamento. La consejería abrió un periodo de tiempo para permitir al centro regularizarse, 'pero no lo hizo', reconocieron, por lo que se le abrió un expediente. Mientras se estaba incoando, se produjo el incendio, que desveló la falta también de un plan de evacuación y seguridad, todo lo cual llevó a Bienestar Social a decidir el cierre cautelar el miércoles.

Tras la clausura se cedió a los ancianos y sus familiares un listado de los centros autorizados por la consejería. Pese a ello, seis se quedaron en el centro, una cifra que a última hora de la tarde de ayer era de nueve, según fuentes del departamento que dirige Rafael Blasco. La consejería apuntó ayer que ha instado al juzgado de Paterna a que busque una 'solución urgente' a esta situación y actúe 'por un presunto delito de abandono', ya que todos estos ancianos 'tienen familia'. El centro 'está cerrado, pero no precintado, y ahora deben ser los tribunales de justicia los que hagan una acción urgente', señalaron desde Bienestar Social.

Por otra parte, el responsable de asuntos sociales de UGT, Antonio Femenía, y el diputado socialista Antonio Torres denunciaron que pese a las numerosas listas de espera existen más de 200 plazas de residencias privadas vacantes. En el centro de Carlet, apuntaron la existencia de entre 100 y 150 vacantes. Junto a esta, Torres apuntó la existencia de unas 120 plazas libres en la residencia de la tercera dedad de Alicante por la negativa de Bienestar Social a contratar 22 auxiliares administrativos, lo que impide que el centro funcione al máximo de sus posibilidades. Además, denunció la existencia de 2.000 personas en lista de espera que aguardan plaza sólo en la provincia de Valencia.

Bienestar Social rebajó las vacantes en Carlet a sólo seis, ya que otras 40 se están transformando para atender a ancianos con graves problemas de dependencia. Respecto al centro de Alicante apuntó que 'se está realizando un esfuerzo para cubrir el personal' provocado por el envejecimiento de los mayores alojados.