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El medio ambiente centra los asuntos de la primera reunión del Consell presidido por Olivas

Declara parque natural la Serra d'Irta y aprueba la estrategia de desarrollo sostenible

El medio ambiente fue ayer la estrella invitada en la reunión del Consell, la primera celebrada bajo la presidencia interina de José Luis Olivas, hasta ahora vicepresidente primero y candidato a la investidura como presidente de la Generalitat en sustitución de Eduardo Zaplana. El Ejecutivo valenciano aprobó la estrategia para el desarrollo sostenible y declaró la Serra d'Irta parque natural. El consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, compareció junto a la consejera portavoz, Alicia de Miguel, para dar cuenta de estas decisiones.

La declaración de la Serra d'Irta como parque natural era el corolario, esperado desde hace algunos meses, a la aprobación del plan de ordenación de recursos naturales (PORN), destinado a proteger ese valioso enclave del norte de la provincia de Castellón, que constituye prácticamente el último reducto virgen de todo el litoral valenciano. La declaración aprobada ayer supone dotar de la figura de protección máxima a una extensión de 7.743 hectáreas pertenecientes a los municipios castellonenses de Alcalà de Xivert, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis y afecta también a 2.054 hectáreas catalogadas reserva natural marina.

Fernando Modrego señaló que la Serra d'Irta se suma a los 14 parques naturales que ya existen en la Comunidad Valenciana tras la reciente aprobación de la declaración como tales de las Sierras de Mariola y Calderona y precisó que en este caso 'se protegen 15 kilómetros de costa virgen' de la Comunidad Valenciana. El consejero de Medio Ambiente subrayó que la zona declarada parque natural 'destaca no sólo por sus valores ambientales, sino también por sus valores paisajísticos y educativos' y destacó que, como acantilado de tipo medio y bajo, la Serra d'Irta presenta vegetación típicamente mediterránea y especies propias como el paiño, la gaviota audouin o el cormorán moñudo.

El pleno del Consell aprobó ayer también las aportaciones valencianas a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que incluyen la petición de que el el Plan Hidrológico Nacional tenga un papel destacado, mediante la propuesta de una estrategia propia de sostenibilidad. El documento aprobado por el Consell no contiene concreción financiera alguna y se limita a fijar una serie de plazos para alcanzar objetivos tendentes a la consecución de un desarrollo sostenible. Modrego afirmó que 'hay que asegurar el futuro' y que para ello es necesario 'controlar las incertidumbres comunes a todas las sociedades modernas y desarrolladas', entre las que citó la eficiencia energética, la generación de residuos, el consumo de recursos, la ocupación del territorio, la congestión de las ciudades, la exclusión y la marginalidad'.

Por otro lado, el Consell autorizó la contratación, por un imporete de 25,3 millones de euros, de las obras de la Ciudad de la Justicia de Castellón.

Nada que ver con el juego

El PP y el Consell insistieron ayer en negar cualquier vinculación del ex preesidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y del actual presidente del Consell en funciones, José Luis Olivas, con empresarios del sector del juego con intereses en la Comunidad Valenciana. El Gobierno valenciano afirmó que Olivas 'no ha sido jamás representante legal ni del empresario Jesús Álamo [propietario del casino de La Vila Joiosa] ni de la empresa Acrismatic, ni de ninguna empresa de su grupo'. Y añadió que cualquier intento de relacionar el trabajo de redacción de la nueva normativa valenciana sobre el juego con relaciones personales de miembros del Consell y representantes del sector empresarial afectado por la misma es 'absolutamente falso'. Por su parte, el PP emitió una nota para negar 'rotundamente' que su presidente regional, Eduardo Zaplana, conozca al empresario de bingos Alfredo García Murcia. EL PAÍS informó el pasado lunes de que la Comisión Técnica del Juego dejó recientemente sobre la mesa el nuevo reglamento de casinos a raíz de las protestas de los empresarios del sector del bingo. La consejera portavoz, Alicia de Miguel, justificó ayer el retraso porque el Consell quiere buscar 'el máximo consenso'.

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