El Supremo reabre el caso de una estafa inmobiliaria cometida hace 24 años

El Tribunal Supremo ha ordenado que se reabra, para llevarlo a juicio, el caso de una supuesta estafa ocurrida hace 24 años y que afectó a 14 personas -una de ellas ya fallecida-, que pagaron en total 336.000 euros (56 millones de pesetas de la época) por casas que nunca llegaron a construirse. El caso estuvo a punto de juzgarse en la Audiencia Provincial hace tres años, pero los jueces lo archivaron aduciendo que el delito había prescrito.

El escrito de acusación del fiscal, fechado en 1996, pedía entonces para cada uno de los cuatro representantes legales de la empresa Gurecasa -Jesús V. P., Francisco P. J., Mario B. A. y Enrique M. G.- penas de cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida.

El Supremo ordena ahora, 24 años después de aquellos hechos, que el caso sea juzgado porque tales delitos no estaban prescritos. La supuesta estafa supuso, en 1978, la ruina para 14 personas que desembolsaron en total cerca de 336.000 euros para que la empresa Gurecasa les construyera sus chalés en distintas zonas de Madrid. Soltaron el dinero, pero nunca llegaron a ver sus pisos.

Por aquellas fechas, un anuncio de la empresa publicado en prensa afirmaba: 'Confíenos su parcela y realizaremos en ella su chalé deseado'. También se informaba de que el proyecto 'únicamente' se realizaría si el precio de las obras se entregaba 'a cuenta'. Uno de los perjudicados perdió entonces 132.000 euros (22 millones de pesetas) que consiguió como crédito de un banco para adquirir seis chalés. Tuvo que devolver el crédito, pero nunca vio sus chalés construidos.

El caso se ha reabierto gracias a la tenacidad de la abogada Cristina Ruiz Carmona, que presentó un recurso frente a la decisión de la Audiencia de declarar prescritos los delitos. El Supremo le ha dado la razón y obliga a ese mismo tribunal a señalar una fecha para celebrar el juicio.

Desde que se produjeron los hechos en 1978, y hasta 1986, el procedimiento estuvo casi parado porque los afectados presentaron denuncias en distintos juzgados y con el tiempo hubo que acumularlas todas en un único juzgado. Años después se fijó la fecha del juicio, pero todo había transcurrido con tanta lentitud que el tribunal consideró prescritos los delitos. En sus 24 años de periplo el sumario ha acumulado 2.897 folios distribuidos en ocho tomos, y durante su instrucción y posterior bloqueo han fallecido un acusado y un perjudicado, así como varios letrados y procuradores.

La abogada afirma que este caso es 'un claro exponente del retraso de la justicia española'.