Los altos cargos a los que el fiscal implica en el caso de la presa de Yesa niegan las acusaciones

Tres de los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de Fomento a los que la fiscalía de Madrid atribuye supuestas irregularidades en la tramitación de la ampliación del embalse de Yesa (Zaragoza) afirman que la acusación carece de fundamento. Benigno Blanco, actual secretario de Estado de Fomento; Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, y Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrografica del Ebro, afirman que mientras han desempeñado sus cargos no han beneficiado a ninguna compañía eléctrica en la adjudicación de obras públicas.

La fiscalía de Madrid remitió al Juzgado de Instrucción 19 de Madrid un escrito en el que relaciona a los citados altos cargos con compañías eléctricas y les atribuye irregularidades en la adjudicación del recrecimiento del embalse de Yesa. Este juzgado investiga en la actualidad una querella interpuesta por supuestos delitos de prevaricación por el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) contra Escartín, Sancho y Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación de Impacto Ambiental.

En una nota remitida a este periódico, Blanco, con quien EL PAÍS intentó dialogar sin éxito en tres ocasiones, indica: 'En los más de dos años de instrucción de las diligencias previas abiertas por el Juzgado 19, a petición de la fiscalía de Madrid y la acusacion particular, ni he sido imputado, ni siquiera he sido llamado a declarar en ningún momento, por lo que desconozco totalmente que se me haya atribuido irregularidad alguna respecto al procedimiento administrativo de la presa de Yesa'. Según Blanco, el juzgado no le ha dado 'traslado' del informe de la fiscalía.

Respecto del escrito remitido el 14 de abril de 2000 por Juan Manuel Villar Mir, presidente de Obrascón-Huarte-Laín, a la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en el que aquél le transmite su 'preocupación' ante la eventualidad de que la obra de Yesa fuese adjudicada a una empresa que había intervenido en la redacción del proyecto, Blanco afirma: 'Una vez que se recibió en el ministerio, tal escrito fue enviado [por Escartín] al Servicio Jurídico del Estado (...), que dictaminó que no tenía fundamento la denuncia que se realizaba por cuanto se refería a una empresa que ni había participado en la redacción del proyecto ni se había presentado a la adjudicación de la obra'.

En el informe del fiscal se atribuye a Sancho haber adjudicado a una empresa de la que era accionista el proyecto de canalización de agua entre el embalse de Yesa y Zaragoza. Sancho asegura: 'Ni mi esposa ni yo tenemos, desde julio de 1996, relación alguna con BS Ingeniería'. Sancho se remite 'a la escritura de compraventa de participaciones sociales' para demostrar que desde el 26 de julio de 1996 renunció 'a los cargos y al nombramiento de administrador único' de esa sociedad. Destaca que renunció a tales cargos antes de ser nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Sancho explica que la adjudicación del proyecto para la citada canalización de agua la desarrolló 'el Consejo de Administración de Aguas de la Cuenca del Ebro, aceptando la propuesta de la Comisión de Valoración de la Sociedad Estatal, de la cual yo no formo parte', señala.

En su informe, el fiscal señala que Escartín y Sancho 'presionaron' a la directora de Impacto Ambiental para que diese luz verde a la ampliación del embalse pese a las supuestas irregularidades que presentaba su tramitación. Sancho precisa que Carrillo, en su declaración en el juzgado, negó haber sufrido presiones.

El fiscal subraya que Escartín perteneció al grupo Endesa entre el 18 de julio de 1994 y el 12 de noviembre de 1996 y que este grupo tenía interés en el recrecimiento de Yesa. Escartín aclara que perteneció a Endesa 'en su calidad de funcionario público' tras ser propuesto para ese cargo el 28 de abril de 1989 por el entonces subsecretario de Obras Hidráulicas y Urbanismo. Añade que fue nombrado 'representante del Ministerio de Obras Públicas en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional Hidroeléctrica de Ribagorzana, filial de Endesa, participada mayoritariamente por el INI'.

'Las empresa del INI, y hoy las del SEPI', explica Escartín, 'tienen en sus consejos representantes de la Administración, no como elemento perturbador y de enriquecimiento ilícito de los consejeos, o de información privilegiada de las empresas, sino para su mejor control y funcionamiento dentro de su respectivo sector'.