El juez pide 60.000 euros a los querellantes para reabrir la causa contra Valdecasas

Un total de 60.000 euros. O sea, 10 millones de pesetas. Ésa es la cantidad que reclama el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona al movimiento antiglobalización antes de decidir si reabre la querella presentada en su día contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, por la carga policial del 24 de junio de 2001 durante una manifestación contra la reunión del Banco Mundial.

La decisión del juez se produce después de un informe de la fiscalía en el que se reclamaba esa cantidad para ejercer la acción popular. Los abogados del movimiento antiglobalización calificaron ayer de 'desproporcionado' el importe exigido por el juez y anunciaron recurrirán contra él. También recordaron que la fianza es 10 veces superior a la que abonaron en su día para querellarse contra García-Valdecasas en un caso que fue archivado el pasado mes de enero.

Tras esta decisión judicial, el movimiento antiglobalización consideró que habían aparecido nuevas pruebas inculpatorias y el juez debía reabrir el caso. La fianza de 6.000 euros depositada en su día nunca fue retirada porque los abogados de la acusación ya habían previsto pedir la reapertura del caso, según explicaron ayer.

El juez Juan Emilio Vila justifica el importe de la nueva fianza por el 'coste del proceso' y la tesis 'discutible' de la acusación de que la policía provocó destrozos durante la manifestación para poder reprimir después a los manifestantes e impedir su derecho a protestar. El magistrado advierte de que el hecho de abonar la fianza no implica 'una respuesta favorable o adversa' a la reapertura del caso.