Sesenta inmigrantes chilenos denuncian haber sido engañados en sus condiciones laborales

El sindicato CGT ha denunciado a la empresa constructora Carbonell Figueras, de Tarragona, ante la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades en la contratación de 60 trabajadores chilenos. Los trabajadores aseguran sentirse víctimas de un engaño y dicen que les han rebajado el sueldo previsto, alargado el horario laboral y empeorado las condiciones de alojamiento pactadas. La empresa dijo ayer que ya ha presentado sus alegaciones ante la autoridad laboral y declinó pronunciarse sobre la denuncia presentada por el sindicato.

La denuncia señala que a los 60 trabajadores chilenos que hace dos meses abandonaron su país les habían ofrecido un salario mínimo de 841 euros mensuales netos -140.000 pesetas-, una jornada de ocho horas diarias y dormitorios con dos camas para alojarse. Pero el sueño se convirtió en pesadilla, pues al llegar a Cataluña se encontraron con una situación completamente distinta: fueron desplazados a Sant Cugat del Vallès, se les ha rebajado la categoría profesional y el sueldo, trabajan 10 horas de forma obligatoria y duermen en barracones.

'No voy a perder el tiempo hablando de esto', dijo ayer el director de Recursos Humanos de la constructora, Andrés Bernabé. 'Hemos entregado la documentación requerida al organismo competente, que es el que decidirá', dijo el representante de la empresa.

El dueño de la empresa, Luis Carbonell Figueras, viajó a Santiago de Chile en diciembre de 2001 para ofrecer un empleo a los trabajadores, de mediana edad y con años de experiencia en la construcción. Todos aceptaron. 'La situación económica está muy mal en nuestro país', se lamentó Carlos Umaña, de 48 años.

Los trabajadores dicen que desde el principio hubo sorpresas. Fueron trasladados al polígono Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès para realizar una obra de la multinacional Roche, a pesar de que en el permiso de residencia y trabajo, vigente hasta marzo de 2003, consta que trabajan en la provincia de Tarragona. Luego descubrieron que los dormitorios que habían visto en unas fotografías eran, en realidad, barracones con literas que debían compartir cuatro personas como mínimo.

'Aguantamos y trabajamos, pues no teníamos nada', explica Luis Rosales, de 44 años. Los 60 trabajadores firmaron su contrato el día de su llegada y ninguno tiene copia del documento. La oferta de trabajo acordada en Chile fue de palabra. 'Nos fiamos porque vino expresamente el dueño de la empresa', justifica Eduardo Arenas, de 38 años.

Lo peor estaba por venir. Los trabajadores denuncian que el 28 de mayo 30 de ellos se vieron obligados a firmar un documento por el que renunciaban a su categoría profesional por no poseer 'los conocimientos suficientes para desempeñar las funciones para la que fue contratado', reza el documento. De encofradores de primera o segunda categoría pasaron a ser albañiles, peones y ayudantes, con la consiguiente rebaja salarial.

La inspectora encargada del caso, Mercedes Ercilla, explicó a este diario que la empresa no ha infringido la Ley de Extranjería, ya que los trabajadores llegaron con los permisos de trabajo en regla. Sin embargo, sí se han detectado otras irregularidades, como el cambio de provincia, que no se comunicó a la inspección. Los trabajadores deberían estar regulados por el convenio de la construcción de la provincia de Barcelona, cuyos sueldos son algo superiores a los de Tarragona, y cobrar pluses en concepto de desplazamiento y dietas.