Estatutazo

Los partidos que conforman el Gobierno vasco (PNV, EA, IU) han lanzado un órdago institucional de una gravedad sin precedentes. El informe sobre el autogobierno aprobado ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Parlamento vasco viene a confirmar lo sabido, que su propósito real no era conseguir el cumplimiento del Estatuto de Gernika, sino avalar por escrito la conclusión previa nacionalista de que el pacto estatutario no satisface las aspiraciones del 'pueblo vasco', por lo que es necesario superarlo.

Las conclusiones del informe son tan radicales que sitúan la cuestión en el umbral de la confrontación institucional. Ante lo que considera 'unilateralismo' del Gobierno central en el desarrollo autonómico, reclama que en dos meses se transfieran todas las competencias en discusión, de acuerdo con la interpretación unilateral que hace el Ejecutivo vasco, y en caso contrario pide al Gobierno de Ibarretxe que asuma unilateralmente las competencias reclamadas. ¿Va a crear autónomamente una tesorería de la Seguridad Social? ¿Expropiará los centros penitenciarios? Son apenas dos ejemplos de esta disparatada iniciativa.

El informe abunda en reproches a la actitud cicatera y obstruccionista del Gobierno central, pero sin una sola crítica al nacionalismo gobernante, cuando éste tiene una parte de responsabilidad en el bloqueo de las transferencias pendientes. Denuncia la deslealtad de Madrid, mientras, como Arzalluz, anuncia la independencia en 'tres o cuatro legislaturas'. La cuestión de las competencias por transferir es discutible y negociable, pero no es aceptable imponer una solución unilateral. Con ser grave este enfoque, lo más preocupante es el ánimo de ruptura de las reglas de juego democráticas que subyace en la proclamación del 'derecho a la libre determinación del pueblo vasco'. En esta línea, en la que sólo parecen contar los ciudadanos que apoyan las tesis nacionalistas, se plantea abrir en Euskadi una especie de proceso constituyente para un 'nuevo proyecto' de autogobierno, en el que las instituciones democráticas quedarían supeditadas a 'la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales, y culturales'.

No puede extrañar que los partidos no nacionalistas hayan calificado el informe de 'provocación' y 'chantaje', ni que haya recibido el plácet de Batasuna. Pues encaja más en los parámetros soberanistas de un Pacto de Lizarra que se hubiera reactivado a raíz de la Ley de Partidos que en el marco parlamentario en que se ha generado. El informe refleja que para el Gobierno de Ibarretxe la construcción nacional va varios kilómetros por delante de la defensa de los derechos individuales amenazados. El lehendakari deberá explicar cómo concilia este proceso de desbordamiento institucional con el apoyo a quienes siguen bajo la amenaza de ETA y sus alevines y el 'respeto a la pluralidad' de los que, siendo vascos, no se sienten nacionalistas.