Un juzgado investiga a dos ex directivos de Ona Catalana por falsedad y estafa

El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha admitido a trámite una querella del Grupo Z por falsedad, estafa y diversos delitos societarios contra los ex directivos de la cadena Ona Catalana Bartomeu Espadalé y Jordi Martí, que han sido citados a declarar como imputados para el 18 de julio. Los abogados de ambos ex directivos aseguran que la querella es injustificada y la atribuyen a una 'necesidad de ingresar dinero por falta de liquidez' del Grupo Z y a querer recuperar las tres emisoras que en su día aportó a la cadena.

El Grupo Z es el propietario del 35% de las acciones de Ona Catalana, desde que se constituyó la cadena en octubre de 1999, y en este tiempo ha estado representado en el Consejo de Administración con 3 de los 12 puestos de éste. En síntesis, la querella asegura que Bartomeu Espadalé y Jordi Martí, desde sus antiguos cargos de vicepresidente de la cadena y gerente, respectivamente, 'han falseado las cuentas de la sociedad de manera continuada y han dispuesto de ellas fraudulentamente en su único y exclusivo beneficio'. El Grupo Z considera que esa actuación ha perjudicado los intereses de la cadena y la ha llevado a endeudarse para beneficiar a Espadalé y Martí.

La actuación más trascendental que describe la querella es que ambos directivos suscribieron un crédito de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) con el Instituto Catalán de Finanzas utilizando una certificación 'absolutamente falsa' de una junta de accionistas que nunca se celebró en la que se debía autorizar la operación. La suscripción de ese crédito fue ocultada al Grupo Z y se hizo creer al resto de los miembros del Consejo de Administración que éste estaba de acuerdo, indica la querella.

Albert Carrillo, abogado mercantilista de ambos querellados, negó ayer a EL PAÍS que se falsificara esa acta, aunque precisó que 'faltó formalismo' en la petición del crédito. Por su parte, Sergio Mercé, el abogado que redactó la querella, aseguró que el destino de ese crédito nunca se pudo concretar y que ese es uno de los puntos que debe aclarar la investigación judicial.

La querella ya ha sido admitida a trámite por la magistrada María Concepción Cantón Martín, quien ha citado a declarar para el 18 de julio en calidad de imputados a Espadalé y Martí.

En otro apartado se afirma que ambos querellados emitieron facturas falsas por valor de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros) y que concedieron préstamos a sociedades en las que la cadena no participa y sin la autorización del Consejo de Administración. Es el caso, relata la querella, de un préstamo concedido a Televisió del Ripollès, de la que Espadalé es administrador, o de Olot Televisió, de la que Martí es gerente.

En relación con la posible ocultación de información por parte de Ona Catalana, Albert Carrillo aseguró que 'a los representantes del Grupo Z se les daba la información con cuentagotas', pero negó la existencia de cualquier delito societario, como afirma la querella. 'En algún momento se pueden discutir los criterios contables y la facturación e incluso se produjo un déficit de tesorería, pero en ningún momento se causó perjuicio a la compañía', aseguró Carrillo.