'Llevamos 23 años esperando a que se cumpla la ley'

Veinte años no es nada. Eso es al menos lo que dice el tango. Sin embargo, la cosa cambia si estos años se refieren al tiempo que tres familias del distrito de Fuencarral llevan a la espera de que el Ayuntamiento ejecute una sentencia urbanística dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificada por el Tribunal Supremo. Y es que el Consistorio madrileño debía haber nivelado hace 23 años, porque así lo ordenó un juez, los terrenos de una finca de la calle de Joaquín Lorenzo construida dos metros por encima del rasante de la calle y que linda con las viviendas de los denunciantes.

Las familias propietarias en ese momento de los chalés afectados, situados en la calle de Ramón Pulido, se quejaron hace 28 años a la Gerencia de Urbanismo de que el entonces propietario de la vivienda situada en los números 90 y 93 de la calle de Joaquín Lorenzo había subido su finca dos metros por el nivel del suelo. Y fue entonces, en 1974, cuando se inició un largo proceso judicial que ha durado hasta el pasado enero.

'En este pleito han estado todos los gobiernos: Franco, PSOE y PP; y nadie lo ha solucionado'

En 1978, los vecinos formalizaron una demanda contra el Consistorio de la época por la elevación ilegal del terreno en la vivienda de la calle de Joaquín Pulido. Un año después, la entonces Audiencia Territorial de Madrid dictó una sentencia por la que obligaba al Ayuntamiento a la 'reposición de la parte posterior y lateral de la parcela (jardín y piscina) al nivel natural del suelo'; es decir, el Ayuntamiento debía rebajar los terrenos 2,50 metros y colocar la parcela a la altura de la de los vecinos demandantes. La sentencia de la Audiencia también fijaba que se debía demoler la segunda planta de la vivienda porque ésta sobrepasaba los 'seis metros de altura sobre la rasante'.

El Tribunal Supremo ratificó este fallo tres años después, en 1982. Pasaban los meses, y los vecinos, viendo que la sentencia no se ejecutaba, enviaron hasta seis escritos a la Junta Municipal de Fuencarral entre los años 1983 y 1990 solicitando que se iniciaran las obras.

Uno de los litigantes más veteranos, Antonio Alcover, asegura que los entonces dueños de la vivienda interpusieron varios recursos al Ayuntamiento, ya que el Consistorio pretendía que fueran 'ellos los que pagaran las obras'.

Ya en 1995 los vecinos enviaron un escrito a la sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando, de nuevo, la ejecución del fallo. 'En 1998 el Ayuntamiento realizó unas obras. Pero éstas no se ajustaban a lo que decía la resolución original. Los operarios sólo bajaron los terrenos 1,10 metros cuando debían haberlos reducido 2,50', explica Antonio. Los litigantes deciden entonces iniciar un proceso judicial conocido como 'incidente de ejecución' e informan al tribunal de que el Ayuntamiento ha incumplido la ya antigua sentencia de 1979. 'En todo ese proceso hubo conversaciones con el Consistorio y muchos escritos. Todo sin ningún resultado', recuerda Antonio. Este larguísimo proceso culminó, por fin, en enero de este año con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que se ordena a la 'Gerencia Municipal de Urbanismo que proceda en el plazo máximo de 15 días a iniciar los trabajos de ejecución subsidiaria de las obras debiendo dar cuenta de inmediato a la Sala de la fecha en la que se inicien'.

Los vecinos sostienen que la Junta Municipal del distrito de Fuencarral no se ha puesto en contacto con ellos desde entonces. Rocío Santafé y su marido, Mateo Lissarrague, compraron el chalé del número 10 de la calle de Ramón Pulido hace tres años conociendo el proceso judicial abierto hace ahora 24 años. 'Cuando entré a vivir aquí sabía la existencia de este larguísimo pleito, pero no empecé a preocuparme hasta que el muro de la parte de atrás de la casa con la que estamos en litigio se derrumbó', cuenta Mateo. 'Nadie me dice que no pueda pasar lo mismo con el muro que linda con mi jardín', advierte. 'En este pleito han estado todos los gobiernos, Franco, PSOE y PP, y nadie lo ha solucionado, pese a que existen tres sentencias. Éste debe de ser el pleito más largo de toda la Audiencia de Madrid. Y lo que no estamos dispuestos es a que nos tomen el pelo', sentencia este afectado. 'A nosotros nos perjudica porque nos quita luz, nos cae agua del jardín y hemos tenido una enorme grieta en nuestro muro producida por el peso de la tierra que se ha elevado por encima de la rasante', relata. 'Queremos que se cumpla la ley, que siempre nos ha dado la razon', concluye su esposa.