Un deber de la fiscalía

La fiscalía de Cataluña ha cumplido con su deber al actuar contra cinco familias de origen magrebí residentes en España por sacar a sus hijas adolescentes del instituto depués de tener la menstruación. El ministerio fiscal tiene una especial responsabilidad en la tarea de proteger los derechos del menor, uno de los cuales es el de la educación obligatoria hasta los 16 años. Y ese derecho debe ser garantizado en cualquier circunstancia, se trate de familias autóctonas o extranjeras, y por encima de tradiciones culturales o designios paternos.

Consciente de que la interrupción de la escolaridad de estas adolescentes se debe a motivaciones culturales fuertemente enraizadas en sus familias, la fiscalía de Cataluña ha actuado con especial prudencia. En principio, ha optado por la vía de la persuasión judicial y ha emplazado legalmente a los padres a que cambien de actitud, en un intento de convencerles de que sus criterios culturales no pueden estar por encima de la igualdad ante la ley, uno de los principios básicos del ordenamiento constitucional español. Pero no descarta actuar penalmente acusando a los padres de un delito de abandono de familia si persisten en usar la patria potestad de un modo que vulnera las leyes vigentes en España.

La inmigración no sólo comienza a poner a prueba la tolerancia de los españoles frente a lo diferente, sino también la adaptación de los inmigrantes a los principios y valores en los que se asienta la democracia española. La actuación de la fiscalía de Cataluña marca el camino a seguir por los poderes públicos en estos casos: el de la persuasión y pedagogía legal antes que la aplicación rigurosa de la ley.

No hay que olvidar que la exigencia estricta de los deberes legales y constitucionales a los extranjeros residentes en España, se trate de ciudadanos de la UE, de inmigrantes económicos o de asilados, debe tener, como contrapartida, la de no despojarlos de los derechos básicos de la persona ni tratarlos como ciudadanos de segunda, como algunos dirigentes europeos propugnan en las nuevas normas sobre inmigración.