Matrimonio homosexual

Veinticinco años después de su primera manifestación pública en condiciones de semiclandestinidad y bajo la represión policial -Barcelona, 1977-, los gays y lesbianas españoles tienen todavía motivos para salir a la calle y reivindicar públicamente la plena igualdad de derechos civiles y sociales y el acceso a los beneficios del Estado de bienestar. Ayer lo hicieron en muchas ciudades españolas como lo han hecho interrumpidamente desde hace 25 años con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay. En estos años los homosexuales españoles han salido del armario y se han hecho visibles en el escenario social, bien es cierto que con harta dificultad y arrostrando no pocos riesgos en algunos ámbitos. Pero su condición sexual todavía sigue siendo un pretexto para perpetuar su discriminación en las leyes.

Este año, como el anterior, los colectivos de gays y lesbianas han sacado a la calle la reivindicación que resume actualmente su lucha por la plena equiparación legal y social con el resto de los ciudadanos: el derecho al matrimonio. En varios países europeos esa reivindicación es un hecho desde hace algunos años, resolviendo los problemas de discriminación que sufren los homosexuales en múltiples campos: derecho sucesorio, fiscal, laboral, de adopción, etcétera. Pero en España queda muy lejos de los actuales presupuestos ideológicos y políticos del actual partido gobernante. El Partido Popular mantiene congelada la ley estatal de parejas de hecho, no sólo homosexuales sino heretosexuales, a pesar de que varias comunidades autónomas, alguna de ellas regida por el PP, han regulado este tipo de uniones afectivas en sus respectivos ámbitos. El Gobierno del PP permanece impertérrito ante la inseguridad jurídica que provoca esta indeseable dispersión legislativa, generadora además de enojosos agravios comparativos entre ciudadanos españoles. Prejuicios ideológicos o religiosos interfieren de nuevo, como en el caso de la investigación con células madre, en acciones de gobierno de evidente interés general.

El Partido Socialista ha dado un paso que va más allá de su conocida posición a favor de una regulación avanzada de las parejas de hecho. Su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a defender en el Parlamento el matrimonio civil entre homosexuales. Se trata de una iniciativa perfectamente legítima y en absoluto contraria a la Constitución, cuyo artículo 32 se limita a establecer que 'el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica'. El PP se ampara en algunas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, según las cuales el matrimonio y las parejas de hecho son realidades diferentes que pueden tener efectos equivalentes, para rechazar el matrimonio entre homosexules. Pero, mientras tanto, también rechaza o pospone sine die la alternativa de dar amparo legal a las decenas de miles de uniones afectivas de hecho, hetero y homosexuales, existentes en la sociedad.

El matrimonio entre homosexuales o la regulación de sus uniones afectivas de hecho facilitaría el reconocimiento del derecho de adopción, otra de sus reivindicaciones más importantes. Se trata, sin duda, de una cuestión socialmente controvertida, en la que están en juego los derechos del menor y el posible efecto negativo que pueda tener en el desarrollo de su personalidad la ausencia de una clara referencia paterna o materna. No existen indicios de que crecer o educarse en hogares formados por dos hombres o por dos mujeres constituya un factor negativo en el desarrollo del niño. Pero aunque sólo se tratara de prejuicios o miedos sociales habría que superarlos o mitigarlos antes de tomar una iniciativa legal sobre la cuestión. En todo caso, el camino a seguir lo marcan las autonomías de Navarra y Asturias al reconocer en sus respectivos ámbitos a las parejas de hecho el derecho de adopción y el acogimiento de niños, respectivamente.