El plan coordinador de la ateción social lleva cuatro años de retraso

La Ley de Servicios Sociales de 1997, la primera en esta materia que elaboró el PP tras llegar a la Generalitat, está sin desarrollar en algunos de sus principales aspectos. Uno de ellos es el Plan Integral de Servicios Sociales, que tenía un año de plazo y debía diseñar un marco general de la organización de la atención social, del que emanasen programas específicos de familia, mayores o discapacitados. Para Bienestar Social el plan ha sido superado por otros, como el Plan de Igualdad de Oportunidades o el de drogodependencias, además de ser 'inviable en la práctica'.

Los últimos en reclamar la puesta en marcha del Plan Integral de Servicios Sociales han sido los sindicatos CC OO y UGT en la última reunión del Consejo de Bienestar Social. En la sesión de la semana pasada pidieron que en el próximo encuentro de este organismo consultivo se realice un pronunciamiento claro sobre 'la necesidad de elaborar el plan'. Y es que consideran que se trata de un documento esencial en el desarrollo de las políticas de asistencia.

En la disposición primera de la ley de servicios sociales, se establece que en un año después de la entrada en vigor de la norma, el Consell 'previo informe del Consejo Valenciano de Bienestar Social', redactará un Plan Integral de Servicios Sociales. Cuatro años después, la Comunidad sigue careciendo de este documento. De su importancia da cuenta el siguiente párrafo de la ley: 'El plan, que será de carácter plurianual y vinculante para las iniciativas pública y privada, deberá ir acompañado de una memoria explicativa, del estudio económico pertinente y de una programación en fases anuales'. Además, la ley supedita a su creación, el diseño de 'la programación adecuada' en materia de servicios sociales por parte de 'las entidades locales competentes' previo informe de los también inexistentes 'Consejos de Bienestar Social Locales'.

Junto a este plan, el artículo cinco de la ley establece la elaboración de un Plan General de Servicios Sociales, también plurianual, 2que tendría como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las deficiencias estructurales en el ámbito de la Comunidad Valenciana'. Ni este aspecto, ni otros como la puesta en marcha de consejos locales y comarcales, la creación de una junta democrática en los centros que encauce la participación de la dirección, profesionales y usuarios o la creación de un plan de financiación concertado con las entidades locales se han elaborado, según denuncian la responsable de servicios sociales de CC OO Neus Carrasco y el diputado socialista Antonio Torres, quienes no entienden que el PP haga leyes para no cumplirlas.

Marco general

Para ambos, el plan integral es clave, ya que de él depende el marco general sobre el que deben apoyarse todos los servicios sociales. Consideran que se trata de un documento que ha de establecer las necesidades y del que deben partir otros programas sectoriales. Además, entienden que debe llevarse adelante tanto el plan general de servicios sociales como el plan de financiación con los municipios que establezca con claridad el papel que corresponde a las entidades locales.

Para Bienestar Social, sin embargo, este planteamiento es 'inviable desde un punto de vista real'. Desde este departamento entienden que los planes de igualdad de oportunidades, de pisos tutelados, de drogodependencias o de lucha de violencia contra las mujeres dejan sin sentido al macroplan que establecía la ley. La consejería que dirige Rafael Blasco considera que la ley de servicios sociales es 'abstracta' en muchos aspectos, ya que adolece de 'un reparto de dinero y competencial adecuado'. Y respecto a la atribución de competencias a los ayuntamientos, señala que no es funcional: 'Los ayuntamientos no la han reclamado porque si una norma les daba competencias pero no dinero, sería peor'. Por ello, apuntan que sería 'una oportunidad' aprovechar el Pacto Local -el acuerdo de distribución de competencias a los ayuntamientos- para incluir las funciones de los municipios en servicios sociales. Hasta entonces, la consejería se escuda en que este hueco lo cubren los convenios sucritos con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Participación

Si bien es cierto que ha tenido que llegar Blasco a la consejería para poner en marcha órganos de participación que no supieron o quisieron articular sus antecesoras, Marcela Miró y Carmen Mas, otros aspectos de la ley de servicios sociales que tampoco abordaron sus predecesoras, siguen pendientes, como destacan los sindicatos y el PSPV. Uno de los más importantes es el número de inspectores ya que, como destaca Antonio Torres, frente a los 16 que establece la ley (uno por cada 250.000 habitantes), la consejería no tiene más que seis, los mismos que hace dos años, cuando Carmen Mas se comprometió a aumentar esta cifra después de la muerte de unos ancianos en una residencia de Formentera del Segura.

Para Torres 'la ley no es nada sin los programas y los planes que vienen recogidos en sus artículos' y su falta de desarrollo explica que 'no se acometan las obligaciones mínimas' de Bienestar Social.