'La CEA se alinea con el Gobierno frente a los sindicatos'

El consejero de Empleo, José Antonio Viera (Sevilla 1946), cree que los incentivos al empleo pactados con los agentes sociales amortiguarán el decretazo del Gobierno.

Viera se muestra muy crítico con la posición de la patronal andaluza en el conflicto por la reforma del desempleo.

Pregunta. ¿Qué medios puede tener la Junta para parar los efectos del decretazo?

Respuesta. Nuestro decreto de incentivos al empleo, que pactamos con los agentes sociales y aprobamos poco antes de la reforma, fue una especie de premonición. En los meses anteriores, ya teníamos conocimiento de que los altos cargos del Ministerio de Trabajo, extraoficialmente, hablaban de tomar medidas para conseguir una mayor flexibilización del mercado laboral, como las que recoge el decretazo. Nuestro decreto de incentivos vendrá a corregir el impacto de la normativa estatal sobre algunos colectivos que tienen una gran importancia en la economía andaluza, como los que trabajan con contratos fijos-discontinuos o los autonómos. Hay incentivos para los fijos-discontinuos porque, aunque el Gobierno no lo entienda y les quiera quitar la prestación por desempleo como si fueran contratos temporales, es una figura básica para economías con situaciones de estacionalidad, como se dan en la andaluza, en el turismo y en sector agroalimentario sobre todo. Para los autónomos también hay ayudas, aunque más limitadas porque la capacidad normativa es casi totalmente del Estado.

'La Junta avala un encuentro inmediato con empresarios y sindicatos para recuperar el diálogo'

P. ¿Han evaluado el impacto de la reforma en Andalucía?

R. Los recortes a los derechos laborales son muy graves, pero lo más grave es que con el método utilizado para esta reforma, el Gobierno se ha situado fuera de cualquier argumentación jurídica y de cualquier sentido de la oportunidad. Ha sacado esto por puro orgullo, sin entender que ha roto en mil pedazos la cultura del diálogo social. El orgullo hay que dejarlo en el ámbito privado, en las responsabilidades públicas no puede tener cabida. Ahora nos hemos adentrado en un territorio muy peligroso, porque el momento para la economía española y la andaluza es muy delicado, los capitales igual que vienen se van y la paz social es una de las variables que más se tienen en cuenta es los mercados globales. Y en esto, la patronal andaluza no está teniendo una posición responsable, se ha alineado con el Gobierno del PP frente a los sindicatos. Con actuaciones así se pone el espíritu de la concertación en peligro.

P. Pero además del anunciado recurso ante el Constitucional y el decreto de incentivos, ¿la Junta ensayará otras vías?

R. Tenemos un marco competencial político que, siempre con lealtad institucional, vamos a utilizar al máximo nivel. Nuestra intención es aprovechar las debilidades del decreto para combatirlo y forzar la negociación porque, con medidas como ésta, no se favorece en nada el necesario diálogo entre la Administración y los agentes sociales. Y hay más medidas en nuestro decreto de incentivos para rectificar la estructura laboral que se quiere imponer en todo el país, sobre todo a colectivos en especiales dificultades o en comarcas que por su precaria situación económica designamos como zonas de acción especial. Hay aspectos de la reforma que aquí pueden hacer mucho daño, como la idea de hacer compatible las prestaciones por desempleo y los salarios para los mayores de 52 años. Ahora, a los empresarios les será muy beneficiosos contratar mayores de 52 años, lo que nos creará un embudo que dejaría fuera a jóvenes y mujeres.

P. ¿ Cuándo aplicará las nuevas medidas?

R. De momento vamos a esperar a ver cómo acaba el trámite parlamentario. Pero eso sí, debe haber también diálogo con los sindicatos, porque esto ha sido un atropello a sus derechos constitucionales de participación en la negociación social. El PSOE no está dispuesto a sustituir en el Parlamento a quienes deben negociar en la mesa, y cualquier iniciativa que adopte se planteará buscando la colaboración de los agentes sociales.

P. ¿Qué argumentos puede esgrimir la Junta ante el Constitucional contra el decretazo?

R. Un repaso a los últimos años nos dice que la Junta sólo ha recurrido a esa vía para defender sus competencias cuando se le han cerrado todas las demás vías. En cuanto a los argumentos... Lo primero que hay que analizar es una cuestión formal: utilizar un decreto-ley esgrimiendo circunstancias de excepcional urgencia para reformar las prestaciones por desempleo cuando en el Inem hay un superávit por las cotizaciones sociales es la primera debilidad. Sobre las razones de fondo, creemos que hay competencias autonómicas en cuestión, como las que hacen referencia al subsidio agrario, que es una medida excepcional para dos comunidades, Andalucía y Extremadura, y ahora se implanta un nuevo sistema, general para todo el país. Habría otra cuestión clave en este nuevo sistema contributivo para los jornaleros: el decreto puede vulnerar el principio de igualdad de derechos y deberes porque como es sabido con este nuevo sistema, los jornaleros estarían obligados a cotizar más para tener menos derechos que en el régimen contributivo general . Y desde luego, con este decretazo se estarían vaciando de contenido las transferencias de las políticas activas de empleo, aunque en nuestro caso aún ni tan siquiera las hayamos recibido.

P. ¿Qué cambios llevarían a la Junta a replantearse su rechazo total a la reforma?

R. Evidentemente, no estamos dispuestos a aceptar que se elimine la prestación por desempleo que disfrutaban los contratos fijos-discontinuos, que para nosotros tienen gran importancia; también nos afecta mucho, al igual que a otras comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León, con muchas personas que emigraron para conseguir trabajo hace años, que se pretenda acabar con las ayudas a los retornados. El eje sobre el que descansa la reclamación de los sindicatos contra el recorte de derechos es la eliminación del salario de tramitación y también habría que modificar las condiciones que se quieren establecer para los contratos adecuados, sobre todo lo referente a la proximidad geográfica que puede poner en muchas dificultades el acceso de la mujer al trabajo. Tampoco es asumible la idea de hacer compatibles prestaciones y salario para los mayores de 52 años. Y sobre el régimen agrario, habría que empezar de nuevo. Lo que tiene que entender el Gobierno es que la legitimidad de las urnas no es un cheque en blanco para los cuatro años de legislatura, tiene que tener en cuenta la respuesta social a sus actos y que, en este caso, su reforma ha sido rechazada en la calle, con una huelga general que, sobre todo en Andalucía, tuvo un seguimiento masivo. Con esta contestación en la calle, lo mejor que podía hacer es retirarla totalmente y sentarse de nuevo con los sindicatos y la patronal para retomar el diálogo social.

P. Las críticas sindicales al presidente de la CEA, Santiago Herrero, no auguran un diálogo fácil.

R. Estoy convencido de que, si ahora mismo hiciéramos una encuesta entre los empresarios andaluces, todos ellos estarían en total desacuerdo con la posición que ha adoptado la cúpula de la patronal que los representa. Es una posición que no se parece en nada a la que mantenía antes de la huelga y que puede echar por tierra el diálogo social que en los últimos años se ha consolidado como un patrimonio de un valor incalculable para nuestra economía. Es una irresponsabilidad poner en peligro ese diálogo social por alejarse de la neutralidad con la que tenían que haber vivido todo esto. No pueden alejarse tantísimo de los sindicatos por defender la posición del Gobierno. Lo que la Junta avala ahora mismo es un encuentro inmediato entre el presidente de la CEA y los secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras para que los firmantes del pacto por la concertación social preserven los valores de entendimiento y negociación que se han construido en los últimos años.

P. ¿Tan graves han sido las declaraciones de Herrero?

R. Espero y confío en que las declaraciones de Santiago Herrero antes durante y después de la huelga obedezcan a un calentón momentáneo; espero que ahora escuche a los empresarios que representa, a los presidentes provinciales de su organización y reconsidere su postura. Tenemos que tener una reunión todos, en la que decirnos lo que tengamos que decirnos en una mesa, con toda claridad y sinceridad, para volver a una situación de mayor cercanía con el fin de preservar todo lo que hemos conseguido.