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COLUMNA

Cuestión de confianza

La palabra es un instrumento básico de la democracia. A través de ella se ritualiza el conflicto en el debate parlamentario, con la consiguiente economía de violencia; se dialoga, se negocia, se persuade y se crea opinión. Para que la democracia funcione es necesario que exista una confianza razonable en la palabra de los actores políticos. Confianza en el valor de las promesas, confianza en el cumplimiento de los compromisos, confianza en la voluntad de veracidad en los análisis y descripciones de lo que ocurre. Donde no hay confianza el campo queda abierto a la demagogia y a la manipulación. Precisamente porque sabemos que voluntad de poder y compromiso con la palabra son, por lo menos en la mentalidad de los más ambiciosos, factores contraindicados, la ley marca límites y obligaciones destinados a evitar que la demagogia haga tábula rasa de la confianza social básica. En definitiva la democracia es un sofisticado sistema para frenar los abusos de poder. Pero la ley puede proteger a los ciudadanos de las insaciables apetencias de los que gobiernan pero no garantiza la calidad de la democracia.

La calidad de la democracia depende de la confianza. Confianza quiere decir reconocimiento mutuo: respeto entre los actores políticos y entre políticos y ciudadanos. Cuando el gobernante trata a los ciudadanos como personas desinformadas y vulnerables a las que se puede arrastrar a donde se quiera con el engaño y la mentira, no se produce el respeto elemental por las personas que la democracia exige. Y esto ocurre cada vez que un gobernante miente a sabiendas, simplemente porque cree que gritando más y más fuerte que los demás su mentira se convertirá en verdad. Esto ocurrió durante la huelga del 20-J, en que de madrugada, cuando los trabajadores españoles empezaban a levantarse, el Gobierno, con el desdén de su pijo portavoz, ya había decidido que la huelga no existía. De hecho, lo habían decidido muchos días antes, con lo cual el resultado estaba escrito antes de empezar; sólo había que conseguir que la realidad se acomodara a él. Y si no se acomodaba daba lo mismo: mentira. Como decía el Financial Times la huelga general por lo menos tuvo una cosa buena: hizo madrugar a los ministros.

No voy a entrar en consideraciones psicologistas sobre el placer que algunos encuentran en la mentira como forma de ejercicio del poder. La economía del deseo y sus perversiones es algo personal e intransferible. Pero rondan a menudo el poder personalidades de un infantilismo incurable capaces de pensar, decir y, se supone sentir placenteramente, que uno se hace hombre cuando no hace o no dice lo que piensa por razón de partido (o de Estado), razonamiento simétrico a otro muy extendido en el poder económico que dice que uno es creíble cuando ha despedido al primer trabajador. A algunos les hace gracia -comentándolo entre ellos se sienten élite-, a mí me parece miserable. En cualquier caso, el precio de este uso impasible de la mentira es, tarde o temprano, la pérdida de la credibilidad, por más que se ponga el mayor aparato mediático del que gobernante alguno haya dispuesto nunca en España al servicio de tamaña desinformación. Sobre estas bases, sobre este enorme desajuste entre realidad y verdad oficial no hay confianza posible.

Además de demoler la confianza en la palabra, el Gobierno dinamita la confianza en las instituciones. Hay algo que este Gobierno, cuya misión histórica esencial es privatizar todo lo que se pueda, no entiende o no quiere entender, que es el concepto de servicio público. Los datos ofrecidos por un ministerio son datos oficiales, sometidos por tanto a la exigencia de veracidad y de imparcialidad que todo servicio público tiene. Utilizar una institución pública para divulgar falsedades por estricto interés de partido es un uso indebido del servicio público que en una democracia fuerte debería tener consecuencias para quien lo hace.

En la otra orilla -en este caso la sindical- se practica un uso de la verdad parecido, con la atenuante de que no disponen del enorme aparato de propaganda del Gobierno. Se equivocan, sin embargo, si piensan que lo contrarrestarán engordando las cifras. También la cifra de entre el 80% y el 90% de seguimiento de la huelga estaba decidida de antemano. También se da de bruces con la realidad que cada ciudadano podía percibir por sí mismo. Con ella ni consiguen contrapesar la desinformación oficial, ni consiguen generar confianza o credibilidad.

Sin la confianza que el diálogo democrático requiere, la democracia es demagogia: la conquista del reconocimiento social por la alarma, la falsedad y las soluciones imposibles, como estamos viendo en la actual agenda de Aznar ya sea en inmigración, en lucha antiterrorista o en desregulación económica. Vista la escasa voluntad política de restaurar la confianza, visto como la agenda de Le Pen contamina a derecha e izquierda (ésta prefiere ir a remolque en vez de desmitificar el discurso dominante por miedo a ser impopular), lo más sensato es pensar la democracia en términos de desconfianza, es decir, no desde la perspectiva de la adhesión al poder sino de la resistencia. En definitiva, optimizar los mecanismos de control del poder, que son la esencia de la democracia. Lo cual, como advierte Dahrendorf, se hace cada vez más difícil porque 'las decisiones están emigrando del espacio tradicional de la democracia'. Y, porque los gobernantes ocupan sin reparos todos los espacios de control, empezando por el judicial.

¿Es sostenible una democracia fundada en la desconfianza en el poder y no en la confianza? Sí, a una condición: que la prensa cumpla con el deber de veracidad en la información -y por tanto se gane la confianza- que en este momento los políticos no tienen y los medios de comunicación probablemente tampoco. No puede ser que en una manifestación los organizadores vean 500.000 personas y la Delegación del Gobierno vea 15.000 y que la prensa no vea nada, se limite a dar las dos cifras, sin tener criterio propio. Metidos en este camino, el problema ya no es de credibilidad de los gobernantes, es de la confianza elemental para que una sociedad sea de opinión y no de indiferencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de junio de 2002