Visto para sentencia en Granada el caso del fraude con 1.166 recetas médicas

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que representa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantuvieron ayer sus peticiones de cuatro años de prisión para un visitador médico y dos farmacéuticos acusados por un presunto fraude con 1.166 recetas médicas en la última sesión del juicio que se seguía contra ellos en la Audiencia Provincial de Granada. Ante el tribunal han tenido que declarar como testigos en las últimas semanas 135 médicos que firmaron recetas sin comprobar a qué enfermos estaban destinadas ni qué tipo de dolencias padecían.

Los hechos por los que han sido juzgados el visitador médico Salvador Mingorance y los farmacéuticos Francisco José Gutiérrez y Manuel Gallego se estuvieron produciendo entre diciembre de 1996 y junio de 1997. El visitador, Salvador Mingorance, valiéndose de la amistad que le unía a más de la mitad de los médicos que ejercen en Granada, les pedía como un favor que le dieran recetas para determinados medicamentos, algunos de ellos de gran valor, alegando que eran para familiares o amigos. Los médicos se limitaban a firmar las recetas con el nombre del medicamento, pero sin poner el nombre del supuesto paciente ni la fecha.

Una vez obtenidas las recetas, Mingorance se ponía en contacto, según la acusación, con el responsable del área de farmacia del hospital La Inmaculada de Granada, Francisco José Gutiérrez. Dado que toda receta médica, para ser abonada por el SAS, debe ir perfectamente cumplimentada y acompañada del cupón-precinto que hay en todos los envases de medicamentos y aprovechándose de la circunstancia de que los hospitales no necesitan el cupón-precinto de los medicamentos que utilizan, Gutiérrez, en lugar de tacharlos con el fin de invalidarlos, se los entregaba a Mingorance para que los adjuntara a las recetas que ya tenía.

Una vez cumplimentado este trámite, según la acusación, el visitador médico se ponía en contacto con una tercera persona, Manuel Gallego, propietario de una farmacia en Granada, que le facilitaba los nombres de posibles enfermos que pudieran utilizar los medicamentos.

Cuando las recetas estaban completadas, se enviaban al SAS para que abonara el precio de diferencia de los medicamentos con receta. El fraude ascendió a 57.000 euros (nueve millones de pesetas) que, a juicio de los acusadores, se repartían entre los tres. Las prácticas cesaron cuando el SAS, que sospechaba de alguna práctica extraña, envió a varios inspectores que obligaron a tachar todos los cupones-precinto del hospital La Inmaculada.

Beneficiarios inexistentes

A lo largo del juicio, la fiscalía insistió en que, como uno de los elementos de prueba acusatoria, muchos de los nombres que aparecían como beneficiarios de las recetas 'eran inexistentes' y que, cuando se trataba de nombres reales, se correspondían a personas que ni habían estado en la consulta de los médicos que les habían firmado las recetas ni habían consumido los medicamentos que se les prescribían.

En la última sesión del juicio, que ayer quedó visto para sentencia en la sección primera de la Audiencia de Granada, todas las partes mantuvieron sus tesis iniciales. Fiscal y acusación particular exigieron cuatro años de prisión y diez meses de multa a razón de 12 euros por día para los tres implicados y las defensas pidieron la libre absolución de sus clientes. La de Mingorance volvió a alegar que era inocente de las acusaciones y señaló que el visitador había pedido las recetas como un favor para familiares y amigos.

Un dato destacable de las más de diez sesiones que ha durado el juicio fue la actuación de la acusación particular que representaba al SAS y que insistió en que pasasen a declarar por el tribunal los 135 médicos que firmaron recetas para el visitador.

Incluso después de comprobar que el testimonio de los facultativos era siempre similar, no quiso renunciar a interrogarlos para que, sin estar acusados en la causa, tuvieran que admitir que habían obrado de forma incorrecta al firmar recetas para enfermos que no habían reconocido personalmente.

Entre los 135 médicos firmaron más de un millar de recetas que Mingorance y los dos farmacéuticos utilizaron para cometer el presunto fraude y obtener los 57.000 euros. La acusación particular ni siquiera prescindió del testimonio de aquellos médicos que no se presentaron en su momento a juicio por motivos profesionales y los emplazó a otras sesiones con el fin de que se vieran en el estrado para poder reprocharles esa práctica, que más tarde daría lugar a la comisión del delito.