Barres no cometió delito en el derribo parcial de casetas de La Patacona

Joan Barres, ex alcalde del PSPV en Alboraia, no cometió delito alguno en los derribos parciales de unas casetas situadas en la playa de La Patacona para ejecutar un proyecto suscrito con el Ministerio de Fomento que se transformaría en el actual Paseo Marítimo. La asociación Marysol, que agrupa a parte de los propietarios de las casetas, acusó a Barres de coacciones, allanamiento de morada, daños y prevaricación. Tras el juicio, la Audiencia ha absuelto a Barres.

El 19 de mayo de 1994 el Ayuntamiento de Alboraia y el Ministerio de Fomento alcazaron un acuerdo para transformar el tramo final de la playa de La Malva-rosa, conocido como La Patacona, en paseo marítimo. La obra obligaba a ocupar terrenos públicos, propiedad del Estado, y una franja de seis metros de propiedad privada y sujeta a servidumbre por la Ley de Costas. La superficie privada estaba ocupada por unas casetas a las que los ocupantes habían añadido porches o terrazas que invadían los seis metros de paso.

El Ayuntamiento inició los contactos con los propietarios, algunos desconocidos, y con los ocupantes de las casetas y lograron un acuerdo en 1996, tras incluir la zona de las casetas en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del consistorio. En abril de 1996, la Alcaldía resolvió notificar a los propietarios la demolición de los seis metros origen del litigio. El 17 de julio de 1996 se procedió al desmontaje de los porches y terrazas. Sin embargo, los afectados recurrieron el decreto del Ayuntamiento porque la comunicación no se hizo personalmente. Barres argumentó que no hubo notificación personal porque en algunos casos se desconocía a los propietarios. Los afectados ganaron el recurso y la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ declaró nula la resolución municipal y suspendió la ejecución de las obras. Los afectados, entonces, denunciaron al ex alcalde por coacción, allanamiento de morada, daños y prevaricación. La defensa de Barres y el fiscal solicitaron la absolución. La acusación particular solicitó siete años y nueve meses de cárcel y varias multas. El tribunal ha resuelto que Barres no cometió delito, que siempre estuvo asesorado y actuó, aunque la resolución fuera anulada, 'determinado por el interés general y público que suponía la construcción'.