Valdemaqueda cambia su plan general para expropiar 800 hectáreas de bosque

Valdemaqueda -municipio con 600 habitantes y un 95% de su terreno protegido- ha declarado laguerra a los terratenientes. El pleno ha aprobado, por unanimidad de sus ediles (PSOE, PP e independientes), una modificación del plan urbanístico que califica como 'sistema general para espacios libres' y monte de utilidad pública 800 hectáreas propiedad de cuatro particulares. El acuerdo impide la caza en esos terrenos -ahora destinados a labores cinegéticas- y permite su expropiación. La Comunidad dice que 'el acuerdo es completamente ilegal', y los propietarios se han querellado contra los ediles.

Valdemaqueda, un minúsculo casco urbano al oeste de la región, rodeado por un enorme manto verde formado por pinares centenarios, ha tomado una decisión drástica para intentar asegurar su futuro: la expropiación de cuatro grandes propietarios del suelo. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE -aunque todos los grupos municipales apoyan las decisiones del alcalde, José Luis Sánchez Barbero-, cree que ésta es la única solución que permitirá que el municipio se labre un futuro turístico.

Como el 95% de su término municipal está protegido medioambientalmente, el Consistorio ha diseñado un plan turístico que incluye visitas a los lugares más emblemáticos: el puente romano, los frondosos pinares, las orillas del río Cofio... Pero existe un problema insalvable: las vallas de alambre que rodean las grandes fincas privadas, muchas de ellas convertidas en cotos exclusivos de caza.

Ante esta situación, el 14 de agosto de 2001, el Ayuntamiento presentó en la Consejería de Urbanismo la modificación de las normas subsidiarias de Valdemaqueda. Esta modificación, a grandes rasgos, califica 800 hectáreas del término, ahora en manos privadas, en sistema general de espacios libres y propugna su catalogación como monte de utilidad pública. Estos cambios urbanísticos impiden que se pueda cazar en ellos -la principal actividad de estas tierras-, ya que el terreno se convierte, según el Ayuntamiento, en 'no urbanizable, declarado especialmente protegido por su interés forestal y paisajístico' y queda destinado, exclusivamente, 'al ocio en naturaleza como medida de fomento del turismo rural y el desarrollo sostenible'.

Pero esta medida choca con los intereses de los propietarios de las fincas, que se han querellado por un supuesto delito de prevaricación [tomar una decisión injusta a sabiendas de que lo es] contra todos los ediles del Ayuntamiento y contra el secretario municipal, Miguel Soler. 'Nuestra decisión es un 'no' a las vallas. Estamos dispuestos a defender a los ciudadanos de Madrid con esta decisión, porque sólo deseamos convertir este pueblo, que no puede crecer por ninguna parte, en una reserva natural y turística', aseguró ayer el alcalde, José Luis Sánchez Barbero.

Actuar por su cuenta

Pero para que todo esto sea legal, la Comisión de Urbanismo de la Comunidad debe dar su visto bueno. Y, de momento, no lo ha hecho. Y da una razón: ningún Ayuntamiento puede aprobar por su cuenta y riesgo una expropiación de particulares con el simple argumento de que lo ha hecho en el pleno y luego publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocam), tal y como hizo Valdemaqueda el 3 de mayo pasado sin que el Gobierno lo supiera.

Pero el Ayuntamiento replica que, según la Ley 9/1995 relativa al Silencio Administrativo, 'quedarán aprobados definitivamente en virtud del silencio administrativo positivo', a los cuatro meses, los expedientes que 'hayan sido presentados completos en la consejería competente' y cuando ésta no haya respondido en ese tiempo. Como el expediente de modificación urbanística fue presentado en agosto de 2001 por el Ayuntamiento de Valdemaqueda, éste lo considera aprobado.

Pero el vicepresidente y consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, afirma que la modificación del plan general no es legal. 'Para que el silencio administrativo sea válido, la Comunidad no debía haber respondido al Ayuntamiento. Pero la Comunidad le comunicó al Ayuntamiento, en mayo pasado, que esta modificación no era válida, por lo que el silencio administrativo se paraliza. Además, se ha instado al Ayuntamiento para que modifique el acuerdo del pleno. Es la primera vez que un Gobierno local utiliza una argucia así [publicar una modificación del plan general en el Bocam sin el visto bueno del Gobierno] para cambiar un plan de urbanismo'.

Pero, además, según lo publicado por el Ayuntamiento de Valdemaqueda, 'quedan sin efecto las calificaciones que hasta la fecha se hayan podido obtener sin que se haya consolidado el derecho por carecer de la preceptiva licencia de obras'. Es decir, que los propietarios del suelo quedan desprovistos de todos sus derechos, a pesar de que en 1997 la Comunidad, el Ayuntamiento y los dueños firmaron un convenio que consolidaba los límites de las propiedades. La Comunidad cree que todo esto es un 'sinsentido' que puede provocar 'daños a terceros que crean que lo publicado en el Bocam tiene validez'.