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Reportaje:

México abre el archivo de la represión

80 millones de fichas de los servicios de seguridad podrán ser consultadas

Estudiantes y sujetos de barba sucia y hablar extraño, armados con fusiles de mira telescópica, metralletas y cartuchos de dinamita, abrieron fuego cerrado contra la concentración libertaria del 2 de julio de 1968 y causaron la matanza. Para hacerla más espantosa, mezclaron a mujeres y niños entre los manifestantes de la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México. La peregrina versión del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, incorpora como culpables a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y figura en el Archivo General de la Nación.

El presidente, Vicente Fox, lo abrió ayer al público, y desveló 80 millones de fichas de las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estos cuerpos de seguridad fueron especialmente activos en la represión y guerra sucia contra estudiantes, movimientos sociales y guerrillas durante la 'guerra fría' y el dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derrotado por Fox en las presidenciales del 2000 después de siete decenios en el poder. 'Voy a ir a sacar mis fotos. Ahí estuve, y fui de las golpeadas', anticipó la actriz María Rojo.

Existe la sospecha de que los documentos más comprometedores han sido retirados por implicados o cómplices

El histórico, y todavía impune, episodio de la Plaza de las Tres Culturas es el más emblemático de un pasado que México quiere exorcizar sin poner en peligro su compleja transición. El 2 de octubre de 1968, grupos de choque castrenses apostados en las alturas de los edificios colindantes, según la reconstrucción más documentada, dispararon a discreción para provocar una respuesta a tiros del Ejército, desplegado en la plaza. El objetivo era cortar de raíz las manifestaciones contra el autoritarismo gubernamental. Murieron centenares de personas de acuerdo con el recuento de los familiares y organizaciones de derechos humanos. Oficialmente, perdieron la vida una treintena.

Las fichas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del ministerio de Defensa, y de otras dependencias federales, serán consultadas, primero, por las autoridades políticas y judiciales, a razón de seis peticiones por día, según las fuentes consultadas. Después podrán acceder los académicos que investigan la guerra sucia, las familias de las víctimas y el público en general. 'Se trata de cumplir el compromiso de campaña del presidente con la transparencia'. El escepticismo sospecha que la documentación más comprometedora quizás haya sido retirada de circulación por los propios culpables, o por sus herederos políticos.

Conveniencias políticas, por otra parte, pueden haber cribado el material. El PRI es el primer partido de la oposición, y el gobierno necesita de su concurso para acometer en el Congreso la reforma del Estado, aun en pañales. Especialmente señalado en las acusaciones figura el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), ministro de Interior durante los hechos del 68, y jefe de Gobierno cuando una falange paramilitar denominada Los Halcones anegó en sangre, el 10 de julio de 1971, otra marcha de estudiantes. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, presentó hace una semana una denuncia contra aquel imputándole genocidio y delitos de lesa humanidad. 'No hice nada, no supe nada, el jefe del Ejército era el presidente', subrayó siempre Echeverría, acerca de la matanza del 2 de octubre.

Es probable que alguna de las aproximadamente 5.000 cajas guardadas en las 69 celdas del palacio de Lecumberri, que fue lóbrega prisión, arroje alguna luz sobre las responsabilidades a ventilar. 'Ahí (en el Archivo General de la Nación) van a estar todos esos episodios que han estado ocultos y que ahora el pueblo de México los va a poder conocer', declaró el secretario de Gobernación (ministro de Interior), Santiago Creel.

La documentación difundida concierne al período comprendido entre los años 1920 y 1985. Creada hace seis meses, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dirigida por el jurista Ignacio Carrillo Prieto, abrió diligencias, y una de las personas citadas es Echeverría. 'Usted quiere que le diga mi plan de combate, y eso es imposible. Usted no conoce el tamaño de los adversarios', respondió Carrillo a una pregunta de la revista Proceso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de junio de 2002