Carpetazo en Zamora

El juez del caso Zamora, relacionado con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas, ha decidido su archivo a los cinco años de iniciada la investigación judicial. Hasta ahora ha habido casos, nada infrecuentes en la justicia española, de juicios que tardan cinco años en celebrarse; pero quizás sea la primera vez que la justicia se toma tanto tiempo para decidir el archivo de una causa.

El caso Zamora, como todos los que tienen que ver con prácticas corruptas en los aledaños del poder, no era fácil de investigar judicialmente. Pero lo extraño es que se le dé carpetazo tras varios años de una instrucción sumarial que ha acumulado más de 60.000 folios de diligencias y en la que han estado implicados 33 ex altos cargos del PP y empresarios zamoranos por presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y servicios en la Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta.

El juez que ha tomado la decisión -el último de los varios encargados del caso en el transcurso del tiempo- ha negado validez a la inicial denuncia presentada en 1997 por el ex presidente de la Diputación de Zamora Antolín Martín, expulsado poco después del PP por desvelar las presuntas irregularidades. Esa denuncia adolecería de 'un problema de credibilidad', ya que estuvo movida por 'el odio, la venganza y el revanchismo' del denunciante contra las personas que le vencieron en las elecciones de 1996. Pero para este viaje, es decir, para establecer que una denuncia es infundada, no se necesitan normalmente cinco años de investigación sumarial y decenas de miles de folios de diligencias sumariales. Eso ya lo dijo la dirección del PP zamorano en el momento de presentarse la denuncia: que Martín actuaba así por venganza o resentimiento. Que cinco años después lo diga el juez es por lo menos redundante.

Pero la cuestión es que esa denuncia estuvo avalada desde el principio por el ministerio fiscal, llegó en un momento al Tribunal Supremo por afectar a un senador y a un diputado del PP, volvió de nuevo a los juzgados de Zamora tras la renuncia inmediata a sus escaños de los dos parlamentarios y dio lugar a interesantes testimonios como el del constructor que reconoció ante el Supremo haber entregado, junto con otros dos colegas, un cheque a José María Aznar para financiar su campaña a la presidencia de Castilla y León en 1987. El juez señala que no existen pruebas que avalen la denuncia y rechaza una fundamental aportada al proceso: las cintas magnetofónicas del denunciante con grabaciones que desvelaban la supuesta trama de adjudicación de obras. ¿No habría sido procesalmente más correcto que todo ello se hubiera dilucidado en un juicio contradictorio y en igualdad de condiciones entre el fiscal, la acusación particular y la defensa de los implicados? El archivo tardío del caso Zamora deja en el aire más dudas que las que resuelve, por más que el juez haya intentado, en un auto inusualmente prolijo de 264 páginas, justificar su decisión.