Zaplana contestará con dureza y sin que le tiemble el pulso a los que incumplan los servicios mínimos

El presidente Eduardo Zaplana advirtió ayer, a dos días del 20-J, que la Generalitat contestará con dureza y 'no le temblará el pulso' con los que incumplan los servicios mínimos. La patronal valenciana dijo ayer, por boca de su presidente, Rafael Ferrando, que las empresas abrirán el 20-J y pidió a la Administración 'presencia policial' para garantizar el derecho al trabajo. El presidente de los empresarios de Alicante, José Rocamora, reelegido ayer en el cargo, animó además a sus asociados a descontar los salarios y a no llegar a acuerdos para recuperar la jornada de huelga en días posteriores.

El presidente acudió a los cafés para conversar con el consejo asesor de la patronal valenciana, Cierval, sobre la huelga general. Dos horas después resumía sus impresiones. 'Lo que me han trasladado es el carácter político de la huelga. Ellos consideran que no es una huelga contra los empresarios ni contra la reforma laboral', declaró Zaplana. Según el presidente, los empresarios les trasladaron su preocupación por que se asegure el libre acceso a los centros de trabajo.

'Yo les he dicho', respondió Zaplana, 'que trabajamos en esa dirección y que se va a contestar con dureza el incumplimiento de los servicios mínimos; con la aplicación de la ley pero sin que nos tiemble el pulso'. Y continuó en el mismo tono de advertencia: 'Que sepan que en esa ocasión, sí que va a pasar; lo que la ley prevé, pero va a pasar'.

Rafael Ferrando, presidente de la patronal, hizo especial hincapié en que las empresas 'abrirán el 20-J' y pidió protección policial para los que deseen trabajar la jornada de huelga.

Joaquín Rocamora, reelegido ayer como presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (COEPA), solicitó a los empresarios 'que estén vigilantes para detectar si se impide el acceso a los puestos de trabajo. En caso de que se produzcan, deben denunciarlo de inmediato'.

Según Rocamora, 'es preciso que se tomen las medidas adecuadas, que se descuenten los salarios y la Seguridad Social y que no se llegue a ningún acuerdo de recuperación posterior' que permita a los empleados reembolsar la remuneración si no trabajan ese día.

El consejero de Economía y Empleo, Vicente Rambla, en la habitual reseña de temas tratados por el pleno del Gobierno valenciano, se refirió también a la huelga. 'Es ilógica', dijo, 'porque en estos años han habido claros compromisos económicos' con los sindicatos mayoritarios. Rambla recordó que esos acuerdos han supuesto un total 'de 7.692.955 euros para cada una de los sindicatos más representativos para desplegar políticas que lleven al pleno empleo'.

El consejero confirmó, en la misma línea que se han expresado otros altos cargos de la Generalitat, que habrá sanciones para los que vulneren los servicios mínimos. Sobre el mantenimiento de los fondos de formación a UGT y CC OO tras el 20-J, el consejero fue claro: 'Los acuerdos están para cumplirse. Si una de las dos partes decide romper la línea de colaboración tendremos que buscar otras líneas de actuación'.

El debate sobre el decretazo llegará, por otro lado, la próxima semana a las Cortes Valencianas, donde serán debatidas tres propuestas de los grupos de la oposición -que éstos intentaron, sin éxito, discutir en el pleno antes de la huelga general- que ocuparán dos sesiones plenarias consecutivas convocadas para el miércoles.

Primero se debatirá la iniciativa de Esquerra Unida, que propone la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el Gobierno central. Y a continuación llegarán al pleno las propuestas presentadas por los socialistas y el Grupo Mixto, que reclaman un pronunciamiento de las Cortes para que el Ejecutivo que preside José María Aznar retire el decretazo.

Por su parte, el portavoz socialista, Joaquim Puig, mostró su preocupación por la actitud del Gobierno valenciano que 'no sólo no ha hecho nada por la recomposición del diálogo con los sindicatos, sino que ha decretado los servicios mínimos sin negociación'. Puig acusó al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de 'encabezar un piquete contra la huelga' y añadió que 'poner al Gobierno valenciano como cabeza de esquirol no parece lo más razonable'. Puig anunció que los diputados socialistas irán mañana a las Cortes con la que pretenden testimoniar una presencia de 'carácter político para defender el derecho a la huelga de los trabajadores'. Y añadió que, como gesto de apoyo a la convocatoria, se aplicarán el descuento correspondiente de la nómina, que dedicarán a la Fundación de apoyo a concejales socialistas de Euskadi.