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Se esperaba con cierta expectación la primera explicación oficial del Gobierno en el Parlamento sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados en Ceuta y Melilla, tras las graves críticas expresadas por varias organizaciones e instituciones, en especial el Comité para los Derechos del Niño de la ONU. Estas críticas no sólo apuntaban a posibles malos tratos policiales, sino al incumplimiento por parte de las autoridades españolas de las normas que regulan la acogida y el proceso de entrega de los menores a sus familias o las autoridades del país de origen.

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, tuvo ayer la oportunidad de despejar en el Congreso las dudas suscitadas por esos informes. Pero se limitó a desmentirlos en bloque, no sólo en lo referente a los malos tratos, sino al irregular procedimiento seguido en muchos casos para la repatriación de los menores marroquíes llegados a Ceuta y Melilla. Los ciudadanos siguen sin saber a qué atenerse, pues la versión del Gobierno es diametralmente opuesta a la del Defensor del Pueblo. Fernández-Miranda mantiene que todo es correcto: la repatriación se produce después de contactar con las familias de los menores o con las autoridades marroquíes y se informa siempre al ministerio fiscal. Es su versión frente a la del Defensor del Pueblo, que ayer mismo, en la presentación al Congreso de su memoria, reiteró que las repatriaciones de menores inmigrantes 'no se pueden hacer de la forma que se hacen, sin conocer de dónde proceden, cuáles son sus familias y qué problemas trae esa repatriación'.

Las llegadas clandestinas de menores indocumentados marroquíes a Ceuta y Melilla no es ciertamente una cuestión menor. Aunque los gobiernos de estas ciudades tienen unas obligaciones legales innegables, el problema les sobrepasa, tanto por su dimensión económica como política. El Gobierno tiene una parte importante en su tratamiento y solución. Como no se resuelve es negando de plano los informes coincidentes de varias organizaciones e instituciones. Algo tendrán de verosímil, pues, en caso contrario, no se explica que se acepten sus recomendaciones como Fernández-Miranda admite que ha sucedido con las del Defensor del Pueblo. ¿O sólo es por deferencia y no porque señala actuaciones que deban corregirse?