Juicio a los bancos del 'apartheid'
Las víctimas de la segregación racial en Suráfrica reclaman una indemnización
Con tan sólo 13 años, Hector Petersen fue asesinado por la policía surafricana durante la rebelión estudiantil de Soweto, en 1976. La fotografía de su cadáver ensangrentado en brazos de un compañero, con su hermana llorando a su lado, fue publicada por los periódicos de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen surafricano del apartheid.
Su madre, Dorothy Molefi, anunciará hoy en una conferencia de prensa la presentación ante los tribunales de Nueva York de varias querellas colectivas por valor de millones de euros contra los bancos y empresas que se beneficiaron de aquel sistema de segregación racial durante más de 40 años. Según informó ayer el dominical británico The Observer, el encargado de dirigir las acciones judiciales será el abogado estadounidense Ed Fagan, célebre por haber ganado batallas similares en nombre de las víctimas del holocausto. Su principal argumento será que los métodos utilizados por el sistema de apartheid eran muy similares a los de la Alemania nazi.
El abogado Ed Fagan, que ganó batallas similares en nombre de víctimas del Holocausto, llevará el caso
Según el letrado, el primer ministro surafricano Daniel Malan, pionero del sistema de segregación racial, apoyó a las potencias del Eje durante la II Guerra Mudial. Uno de sus sucesores, Hendrik Verwoerd, conocido como el arquitecto del apartheid, fue declarado simpatizante de los nazis por un tribunal de Johanesburgo.
Para empezar, las primeras reclamaciones irán dirigidas hacia bancos alemanes y suizos que siguieron prestando dinero al régimen surafricano después de 1985, cuando otras instituciones bancarias dejaron de hacer tratos con él. Después vendrán las grandes empresas estadounidenses y británicas que inviertieron en Suráfrica. En la lista, según The Observer, hay muchas marcas conocidas: IBM, British Petroleum (BP), Rolls-Royce y el fabricante de armas Vickers. El abogado de los querellantes sostiene que, igual que en la Alemania nazi, el régimen del apartheid dependía del dinero de las empresas y las instituciones financieras para sobrevivir. Por lo tanto, sostiene Fagan, éstas deben compensar a las víctimas de un sistema que practicó la tortura, las ejecuciones en masa y el esclavismo. Al no respetar el boicoteo decretado por la ONU en 1985, sostiene el abogado, los bancos 'incumplieron la ley, y tienen que pagar por ello'.
Las grandes empresas, denuncian los querellantes, tenían estrechas relaciones con el Ejército surafricano y destacados hombres de negocios se codeaban con altos mandos militares para intercambiar información y cooperar en el mantenimiento del apartheid. La mayoría de los surafricanos, argumentan, sufrieron daños incalculables que no hubieran sido posibles, al menos hasta ese punto, sin la financiación de los bancos y sin los intercambios comerciales con las multinacionales y sus agentes.
Las víctimas del apartheid no han precisado aún cuánto dinero piensan reclamar, pero Fagan tiene previsto utilizar como referencia los beneficios obtenidos por las empresas denunciadas durante los 40 años que duró el sistema, que ascendieron a miles de millones de euros.
Las denuncias podrían tener también consecuencias políticas, según The Observer. Uno de los querellantes es Sigquibo Mpendulo, un activista antiapartheid y padre de dos hijos gemelos de 12 años que fueron asesinados por un escuadrón de la muerte mientras dormían frente al televisor. El asesinato se produjo en octubre de 1993 en el bantustán de Transkei, controlado entonces por el Gobierno surafricano, durante una operación autorizada por el presidente F. W. de Klerk, que aquellos días se disponía a viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz junto a Nelson Mandela, héroe de la lucha contra la segregación racial.
Un grupo de abogados y querellantes anunciará hoy en el memorial Hector Petersen, de Soweto, erigido en recuerdo del niño asesinado hace 25 años, detalles sobre las acciones judiciales. Han creado una línea caliente para recabar pruebas contra las empresas denunciadas y aumentar la lista de querellantes, en la que ya figuran varias de las figuras más destacadas de la lucha antiaparheid.
