Huelga y tutela

La proximidad de la huelga general, la actuación del gobierno desde su convocatoria y el hecho de que, este paro generalizado, llegue a alcanzar el éxito que anunció la manifestación del pasado domingo, son cuestiones que me llevan a reflexionar.

No pretendo, en esta ocasión, manifestarme sobre la legalidad de la huelga. Lo hice ya, y en sentido afirmativo, en este diario. Tampoco desearía seguir manifestándome sobre la posible intromisión del Gobierno en el ejercicio del derecho a la huelga. Esta intromisión, y como tal limitativa del ejercicio de un derecho fundamental, se reflejó en su intento de control a través de las circulares policiales. Lo dije la pasada semana, y lo digo esta, pues, si alguna duda tenía, el ministro Aparicio se ha encargado de disiparla. Sus declaraciones, advirtiendo que el Gobierno está pensando en parir una nueva Ley de Huelga, así lo hacen presumir. Su advertencia, después de las críticas que ha realizado a una convocatoria legal y justa, como la ha calificado el arzobispo de Sevilla, lo único que pueden pretender es introducir un elemento disuasorio, que limite la fuerza de la convocatoria, y la libre adhesión de los ciudadanos.

'Este RD, por mucho que quiera disfrazarlo Teófila Martínez implica el rechazo a la concertación social'

Todo ello, unido al hecho de que simultáneamente van a tener que convivir el ejercicio de este derecho fundamental con seguridad y orden público, son las que me animan a seguir reflexionando: Se ha pasado de una convocatoria, que parecía tener un eco reducido, a otra, cuya aceptación es generalizada, pese a los intentos de persuasión.

Esta mayor acogida se puede encontrar en el convencimiento, cada vez mas extendido entre los ciudadanos, de que la utilización del autoritarismo, la arrogancia, y el cinismo, como forma de gobernar están empezando a conformar una práctica habitual, y se rechaza. Este autoritarismo se ha visto en la Ley de Extranjería, en el tratamiento a los inmigrantes grandes y pequeños -la ONU ha denunciado malos tratos a menores inmigrantes-; en la forma de aplicar el Pacto por la Justicia y, ahora, con el llamado decretazo. Un Real Decreto (RD) tan vomitivo, y arrogante con los menos protegidos, que no han sido capaces de convalidarlo en el Congreso CiU, y CC, ambos socios del PP.

Es razonable que haya sucedido así. Este RD, por mucho que lo quiera disfrazar Teófila Martínez con su plan de choque del PER -que no haría falta sin el decretazo- implica el rechazo a la concertación social. Una concertación que es imprescindible para lograr la paz laboral, y cuya ruptura rompe con un pasado de acuerdos, que ha ayudado al llamado estado del bienestar, que sin el acuerdo entre organizaciones sindicales, patronal y ejecutivo no hubiera sido posible. Lógicamente, el rechazo a negociar, tiene como consecuencia una mayor conflictividad (la huelga general es un ejemplo), como también la separación entre la sociedad en general -y la más desprotegida en particular- y el gobierno. Esta barrera, esta separación entre gobernantes, y gobernados -meditada y querida- dará lugar, como ya se ha demostrado en el pasado, que se radicalicen las posturas entre empresas y trabajadores en el ámbito de la negociación, con incidencia negativa en una Economía que no está para soportar situaciones de confrontación.

Este es el comportamiento que esta extendiendo la llamada a la huelga. Es la respuesta a las nuevas -y no tan nuevas- fórmulas de actuación. Unas fórmulas que tampoco se pueden esconder bajo el cinismo de un RD, cuyo empleo está reservado constitucionalmente para situaciones de 'extraordinaria y urgente necesidad'. Exigencias que no se dan las materias que regula, lo que vicia el método legal elegido, y lo degrada aún más por cuanto muestra una insensibilidad absoluta hacia los desempleados subsidiados, y a los despedidos injustificadamente, tratándolos como pequeños delincuentes, defraudadores y parias, y, todo, en una sociedad que se proclama solidaria ante situaciones de necesidad.

Es el comportamiento arbitrario e insolidario, que empieza a ser seña de un gobierno que no solo no le importa la confrontación, sino que la busca. Ante esta postura de enfrentamiento, cabe preguntarse cómo van a actuar los poderes públicos el 20-J. No, ya, desde el punto de vista de la prevención de excesos. Siempre algún incontrolado puede aprovechar el día, y aquí la actuación será bienvenida, sino desde el punto de vista de quién ejerce el derecho a la huelga. Si éste se va, o no, a proteger.

En principio diría que sí. Los poderes públicos, además de estar obligados a garantizar la seguridad de la Cumbre, están obligados a garantizar el ejercicio de los de los derechos fundamentales, pues el artículo 9 de la Constitución así lo impone. Una garantía que deberían darnos todos aquellos entes, y sus órganos, que ejercen un poder de imperio, derivado de la soberanía del Estado (S. T.C. 1/1981). Es la actuación que se espera como muestra de respeto, por el ejercicio de un derecho fundamental, en condiciones de legalidad y de justicia. Lo contrario, añadiría, a la quiebra del diálogo social, una segunda ruptura con los ciudadanos, por el menosprecio al ejercicio de los derechos fundamentales por quienes tienen la obligación de garantizarlos.

Sin embargo hay señales en el cielo que permiten hacer dudar, solo dudar, de que vaya a ser así. La circular fue una de estas nubes; el anuncio de la modificación de la Ley de Huelga otra, y el traslado de los juzgados a sedes policiales, calificada de 'chocante' por el Defensor del Pueblo Andaluz, y como un atentado a la división de poderes por Jueces para la Democracia, un nubarrón mas.

Esperemos que no llueva, aunque mucho temo que este Gobierno, con la tolerancia de muchos, y la ceguera de otros, está empezando a perderse el respeto y, lo que es peor, a perdérselo a quiénes pretenden ejercer su derecho a manifestarse en libertad, por lo que algún nubarrón puede caer.

En cualquier caso, no estaría de mas recordar, que todo lo que sea ejercicio de derechos en libertad, es un acto de afirmación democrática; y que ceder a presiones, por muy disfrazadas que estén, es una entrega de parte de nuestra libertad.

Eugenio Suárez Palomares es magistrado en excedencia y abogado.