Los interinos recurren las oposiciones de la Junta
La Federación de Sindicatos Andaluces de Docentes Interinos (SADI) informó ayer de que ha impugnado las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación de la Junta para este año por entender que 'no se ajustan a derecho en numerosos puntos'. Según el SADI se produce 'una falta de transparencia en la elección de los tribunales cuya designación carece de legalidad al no publicarse actas y no poderse someter a impugnación, y la desigualdad de las pruebas en cada tribunal, al someterse los exámenes a preguntas extraídas por azar, lo que conlleva en sí una falta total de parcialidad en la valoración de los conocimientos de los aspirantes al ser preguntas distintas en cada tribunal'.
Además, en las oposiciones 'la no observación del estricto anonimato en los exámenes, pues se obliga a los opositores a poner su nombre en los sobres donde se guardan los exámenes, la falta de concreción del examen práctico, no especificándose si será oral o escrito ni los materiales posibles a utilizar, así como la falta de publicidad en el primer examen que no está sometido a su lectura pública'.
Por último, denuncian la 'imposibilidad de realizar reclamaciones o revisión de exámenes mediante el justo recurso de alzada después de que los tribunales hayan calificado cada prueba, lo que lleva a la extrema indefensión del opositor, la inconstitucional obligación de los interinos a tener que presentarse por encima de su voluntad y la arbitrariedad de las tasas de derecho a examen, que cada año es más cuantiosa'.
Por todo ello, el SADI calificó los exámenes de acceso a la función pública docente en Andalucía de 'trasnochados, injustos, parciales, poco transparentes, faltos de objetividad, corruptos, bajo la sospecha real de enchufismo y donde la verdadera preparación del opositor no queda fielmente reflejada'.
Además, el SADI considera 'totalmente injusto' el actual sistema de acceso, 'academicista y alejado de la realidad de las aulas, no valorándose debidamente la experiencia docente', por lo que exigen al Gobierno central 'la derogación del actual sistema de acceso y su cambio por otro más justo'.
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