El traslado

La Junta de Jueces de Sevilla que había rechazado, por unanimidad, la petición del delegado de Gobierno de trasladar la sede de los juzgados de guardia al cuartel durante la Cumbre, ha desandado sus pasos. Ahora, por mayoría simple, dice sí al traslado. Más de uno, y más de dos, nos hemos preguntado si esta medida atenta contra la independencia judicial. A juicio del Parlamento andaluz, que es el representante del pueblo andaluz (art. 25 del Estatuto de Autonomía), sí. Un sí que también ha dado la Asociación de Jueces para la Democracia en un comunicado que, además, afirma que 'la decisión de traslado criminaliza a priori los movimientos de los ciudadanos'.

Sin embargo, no es ésta la única pregunta que surge ante el cambio de opinión. Hay otras. Una de ellas, conocer las razones en derecho que han motivado que desanden el camino. Saber qué hay en junio que no existiera en mayo. La Cumbre es la misma y la petición de Torres Hurtado fue contestada. Si todo es igual, el cambio no se entiende y debería entenderse.

Tal vez, más de uno y más de dos pensemos que, entre las respuestas posibles, pueda encontrarse la tendencia, cada vez mas generalizada, dentro de los sectores de poder de achicar espacios entre ellos. De aceptar como buenos los cantos que pueden llegar de un poder que se ejerce por afines. El caso de Gómez de Liaño ha sido un ejemplo sobre la forma de interpretar la música, y la letra, de un indulto por parte del CGPJ. Aquí puede estar sucediendo lo mismo.

En Sevilla, al igual que en la sala de Gobierno del TSJA y el CGPJ, la junta se integra en su mayoría por jueces de la llamada asociación conservadora, la APM. Conocida la opinión favorable del TSJA al traslado, nada impide que se repita la votación. La ratificación del CGPJ vendrá después.

Decía Tocqueville que la fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la mayor garantía de los ciudadanos. Cabe preguntarse si los jueces que se tienen que trasladar entienden que el traslado al cuartel atenta contra su independencia y las garantías de los ciudadanos, como han declarado el Parlamento andaluz y otros jueces; han de obedecer, so pena de que se les castigue como insumisos, o no. Sólo ellos lo saben. Es su potestad.