Unos cien juristas critican el control de inmigrantes y el enfoque policial de la huelga

El Grupo de Estudios de Política Criminal -que integra a unos cien juristas, en su mayoría catedráticos o profesores de Derecho Penal, además de jueces y fiscales- denunció el pasado fin de semana en Barcelona 'la utilización abusiva del Derecho Penal', tanto por la pretensión del Gobierno de incrementar los mecanismos de control de inmigrantes como por la respuesta policial a la huelga general del 20 de junio próximo.

Entre los reunidos figuraron los catedráticos de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés, Mercedes García Arán, Juan Terradillos, Patricia Laurenzo, Gonzalo Quintero y Norberto de la Mata, así como la juez Pilar Luna.

Todos ellos lamentaron 'tener que denunciar, una vez más, la utilización abusiva del Derecho Penal como recurso para afrontar cuestiones que requieren respuestas más amplias, profundas y comprometidas que la meramente punitiva'. Y criticaron la 'huida hacia el Derecho Penal', que 'no sólo refleja una política criminal errática, sino también antidemocrática, por incompatible con el ejercicio de derechos fundamentales'.

Los representantes de los cien juristas denunciaron que, 'frente a los nuevos problemas que plantean los flujos migratorios, el Gobierno pretende responder incrementando los mecanismos de control en detrimento de los de integración, (...) o aumentando, en este ámbito, las penas previstas en el Código Penal (...) sin estudio criminológico alguno que lo avale'.

Igualmente, los juristas critican que, 'frente a la conflictividad social, que desemboca en una convocatoria de próxima huelga general, el Gobierno responde (...) en términos puramente policiales' a los trabajadores huelguistas, mediante 'el requerimiento de información a las empresas por parte de la Dirección General de Policía del pasado 4 de junio'.