Un tribunal ordena clausurar una residencia ilega de ancianos en Pozuelo

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid ha dictado orden de clausura de la residencia de ancianos Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón. Según Servicios Sociales, se trata de un centro pirata. 'No tenía ninguna licencia. Llevaba dos años funcionando de manera ilegal', señaló ayer Francisco Panadero, secretario general técnico de la consejería. El cierre de esta residencia se hará efectivo el próximo viernes. Ayer, familiares de los 19 ancianos que viven en el centro mostraron su negativa a hacerse cargo de sus mayores. El Gobierno ha cerrado tres residencias más este trimestre.

La residencia de Montegancedo ha estado funcionando desde hace dos años de manera ilegal en la calle de Orense, 108 y 112, de Pozuelo de Alarcón. La última vez que los inspectores de Servicios Sociales acudieron a visitar el centro comprobaron que en él habitaban 19 ancianos. 'La situación no era muy grave, pero toda residencia pirata supone un peligro', indica Francisco Panadero. 'También nos habían llegado varias denuncias de que los trabajadores que atendían a los ancianos se encontraban en situación irregular. De este asunto hemos dado traslado a la Inspección de Trabajo', añade.

A pesar de los numerosos requerimientos realizados por la Consejería de Servicios Sociales para que los propietarios de la residencia obtuvieran las necesarias licencias oficiales, la situación de ilegalidad se ha mantenido. 'Por eso nos hemos visto obligados a acudir al juez, que gracias al auxilio judicial nos va a permitir el viernes proceder al cierre efectivo del centro', aseguran en la consejería.

La orden de cierre ha topado con la decisión firme de los familiares de los ancianos, que no están dispuestos a trasladarlos a otra residencia porque consideran la actual como 'ejemplar'. Alrededor de 30 familiares de los afectados se reunieron ayer ante las puertas del Ayuntamiento para entregar al alcalde una carta donde rechazan la clausura.

'El trato es humano'

'Bajo ningún concepto voy a trasladar a mis padres de residencia', explica Marta, hija de dos de los ancianos que residen en Montegancedo. La razón es muy sencilla para ella: 'La residencia funciona muy bien; el trato hacia los ancianos es humano y profesional y ellos se encuentran en familia. Por otra parte', continúa Marta, 'hay que ponerse en su pellejo. Son seres humanos a los que no se les puede estar trasladando de sitio porque, además, están enfermos y algunos no se pueden mover'. 'En caso de que decidan el cierre, estaremos allí y no consentiremos que muevan a nuestros padres', puntualizan los familiares indignados.

'Esta postura de los familiares suele ser la habitual en estos casos. Parece increíble que todavía haya personas que por ahorrarse un dinero sean capaces de dejar a sus parientes en centros pirata', critican desde la Consejería de Servicios Sociales. 'También es habitual que prefieran que permanezcan en los centros a pesar de su situación con tal de no hacerse cargo de ellos'.

El alcalde de Pozuelo, José Martín-Crespo, del PP, tiene su postura muy clara: se ha cometido una infracción, la residencia no tiene licencia y se debe cerrar. 'No puedo obtener una fórmula para legalizar una residencia que no cumple con la normativa', argumenta Martín-Crespo.

Los vecinos de las casas contiguas a la residencia Montegancedo habían denunciado ante el Gobierno regional y el Ayuntamiento su situación ilegal.

El geriátrico tiene tres plantas y está situado en La Cabaña, una tranquila urbanización de las afueras de Pozuelo. 'No hay quien lo aguante', explica una de las vecinas cuya parcela linda con el centro y a la que, según asegura, los camiones de abastecimiento han destrozado el tejado de su aparcamiento. 'Tiran la basura en nuestros contenedores y hay problemas de tráfico porque los coches aparcan de tal forma que no dejan pasar', comenta. La situación ha llegado a ser tan tensa entre ellos que esta familia evita utilizar la zona de jardín que pega con la parcela de la residencia.

El año pasado se cerraron en la Comunidad 22 residencias pirata. En este trimestre se han clausurado tres más, según los datos facilitados por Servicios Sociales. Las situaciones más graves se han registrado en dos chalés situados en Aldea del Fresno. En estas instalaciones, también carentes de toda licencia, según los informes de la inspección, los ancianos se encontraban hacinados. 'Había en las habitaciones 15 personas más de las permitidas. Además, los ancianos sufrían importantes carencias de asistencia. Faltaba personal, la comida era insuficiente y no había el necesario control médico', precisan en la consejería. En el barrio madrileño de Chamberí, el Gobierno regional también ha procedido al cierre de un piso en el que una familia tenía acogidos a seis ancianos de manera ilegal.

Según Francisco Panadero, la colaboración de familiares, vecinos y trabajadores 'está siendo decisiva' en el descubrimiento de residencias ilegales y de situaciones irregulares. 'El número de denuncias, este año, en comparación con el ejercicio anterior ha aumentado en un 20%', señala.