El mensaje

Difícil resulta pensar que el Gobierno de la Nación sepa captar el mensaje que se trasluce de la movilización masiva que se vivió ayer en Sevilla contra la reforma de las prestaciones por desempleo. El frontal rechazo que esta medida ha provocado en Andalucía podría servir al Ejecutivo de exponente fiel y claro del malestar existente. Pero no hay que albergar esperanzas sobre la posibilidad de que se rectifique.

Es más, después de lo de ayer, desde el PP a buen seguro que se agudizan las críticas hacia los sindicatos convocantes de esta movilización y de la próxima huelga general, así como contra el PSOE, formación a la que responsabilizan directamente de la oleada de protestas que han surgido. No hay más que ver la ridícula valoración oficial que sobre el número de manifestantes han hecho para comprobar que no se va a ceder ni un milímetro, abriendo una absurda guerra de cifras que no va restar valor alguno a esta importante y significativa acción de protesta.

Una respuesta, por tanto, previsible, que ni siquiera van a modificar a la luz de las primeras encuestas que a partir de ahora van a darse a conocer y que apuntan a un retroceso electoral de los populares andaluces mientras que los socialistas ven aumentar su distancia, acariciando incluso la mayoría absoluta. Son nuevas señales que indican el camino equivocado que siguen manteniendo respecto a Andalucía. Pero, aún así, insistirán en este rumbo más lleno para ellos de incertidumbres que de buenas noticias.

Ante este panorama nada halagüeño sólo cabe cerrar filas, tal y como lo va a poner de manifiesto el secretario general, Javier Arenas, en la clausura de la Unión Intermunicipal del PP que se reunirá hoy y mañana en Córdoba, escenario reciente de todo un espectáculo de falta de democracia interna en una organización política tras lo ocurrido con la destitución de Enrique Bellido como presidente provincial del PP.

Una unidad, de puertas para fuera que, sin embargo, no podrá evitar que afloren los problemas, de nuevo, en el momento de designar a sus candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas. Ya se da por hecho que en Almería será el presidente de la Diputación Provincial, Luis Rodríguez-Comendador, en detrimento del actual portavoz del grupo popular y ex alcalde Pedro Megino, quien está por ver si se quedará quieto observando cómo lo apartan de esta carrera electoral.

En el caso de Granada, resulta conmovedora la humildad con la que se postula como candidato el todavía delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, máxime después de comprobar la firmeza del presidente provincial, Juan de Dios Martínez Soriano, quien insiste en sus aspiraciones por disputarle el puesto. Con todo, seguimos estando a la espera en esta comunidad de conocer con detalle las enmiendas que piensa introducir el PP andaluz en el ya tristemente conocido como decretazo, cambios anunciados en su día por su presidenta regional, Teófila Martínez, y que dice ignorar el mismo representante del Ejecutivo central.

Plata, Cañete y la pesca

De igual modo, se aguarda a que en estas jornadas el consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, exponga los argumentos suficientes para explicar sus, cuando menos, moldeables criterios en torno a la participación, ahora no, ahora sí, en la Mesa de Defensa de la Pesca, ante la inminente reunión del día 18. El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, le ha cogido en falta, de ahí la dureza de sus críticas. Mientras tanto, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, no derrocha energías inútilmente y advierte de la necesidad de un contacto directo de su Gobierno con el comisario Franz Fischler, sin que por ello se rasgue sus vestiduras el ministro.

De modo que con medio país en lucha contra Aznar, el panorama es el más propicio para los intereses de un Gobierno de Manuel Chaves que afronta esta semana una de las citas más importantes con la que culminará el curso, como es el debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento Andaluz. Se convertirá en la ocasión idónea para la puesta de largo de la política fiscal andaluza, que se pondrá en marcha en virtud del acuerdo alcanzado en su día con Madrid para la financiación autonómica. El favorecimiento de las rentas más bajas y el apoyo a los jóvenes se plantean como las principales novedades de esta normativa netamente andaluza que ahora ve la luz.