Algunas razones para el optimismo

Los desequilibrios demográficos que están originando las bajas tasas de natalidad y el aumento de las esperanzas de vida han convertido el problema que el envejecimiento provoca en uno de los temas centrales del debate social en la Unión Europea (UE). Y el principal problema que este desajuste poblacional produce afecta a la viabilidad de los sistemas de pensiones, porque una menor disponibilidad de personas en edad de trabajar supone una merma de las cotizaciones sociales, su fuente de financiación.

En España, las proyecciones revelan una estructura de su población poco propicia a la actividad laboral; aunque el efecto en las cotizaciones sociales no será lesivo a corto y medio plazo, debido a que nuestro país, que hasta ahora ha tenido una estructura por edades muy desfavorable a la actividad, con generaciones muy numerosas en el grupo de edad de 16 a 25 años y en el de 50 a 65, a partir de ahora, va a ver incrementada su población activa por la llegada al mercado laboral de los abundantes nacimientos de los años sesenta y setenta. Al mismo tiempo, las entradas en la jubilación crecerán con menor intensidad, por el acceso a la misma de las llamadas generaciones huecas (nacidos entre 1936 y 1945), lo que constituirá un importante respiro para el Sistema de Seguridad Social; aunque esta circunstancia se puede impugnar con el argumento de que la mayor longevidad supone un superior periodo de permanencia en el sistema. Otro potencial recurso es el previsible y deseable aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, puesto que, a pesar del importante incremento de los últimos años, España está muy alejada de la tasa media de actividad femenina de la UE, y éste es un remanente social cuyo estímulo favorece la justicia distributiva y debe suponer un valor económico para el sistema.

Por otra parte, también se cuenta con el recurso de la inmigración, que beneficia al sistema en una doble orientación: a corto plazo, por la incorporación inmediata de trabajadores al sistema productivo, y a largo plazo, como incentivo de la natalidad, por la juventud de estos colectivos de trabajadores y por sus hábitos natalistas, menos restrictivos que los de la actual población autóctona española.

Pero además de las variables demográficas, económicas y laborales, hay una variable que es fundamental para el sostenimiento y el equilibrio del sistema de pensiones: el funcionamiento del propio sistema. De cómo seamos capaces de conducirlo y de nuestros reflejos para activar las alarmas con suficiente antelación, va a depender la supervivencia del modelo. Para ello contamos con el mejor garante que nos podíamos haber dado: el Pacto de Toledo y todo el acervo de compromiso político y social que el mismo representa y defiende.

A modo de resumen, éstos son los ingredientes para las conjeturas: en el lado enemigo, en principio, un único pero categórico condicionante: el implacable envejecimiento, con dos consecuencias nocivas para el equilibrio financiero del sistema: menos personas en disposición de trabajar y más personas dispuestas a recibir una pensión vitalicia. Entre los aliados: a) un sistema solvente hasta el 2015 o 2020; b) que sólo debe financiarse a sí mismo y que en las circunstancias actuales tiene superávit; c) el fomento de la participación de la mujer en el mercado laboral; d) el recurso de la inmigración; e) el fondo de reserva y su rentabilidad financiera; f) la capacidad legislativa, con la facultad de alargar la vida laboral y favorecer la contributividad del sistema a través de la proporcionalidad entre cotización y nivel de prestación, y g) toda la imaginación para acometer políticas de fomento de la fecundidad y del empleo.

Desde hace unos veinte años se viene preconizando la crisis del modelo del Sistema de Seguridad Social español y éste aún tiene sus constantes vitales estables. A pesar de ello, aceptemos los actuales modelos predictivos, con las dificultades que conlleva cualquier intento de imaginarse en el presente lo que puede ocurrir en el futuro y el clamoroso fracaso de algunas de las estimaciones de la década pasada sobre los desequilibrios inmediatos del sistema, que pusieron en entredicho lo que ya era un axioma: que las estimaciones en economía eran creíbles a corto plazo.

En el seno de la Comisión Europea, de los sindicatos, de un buen número de entidades privadas y en la propia Administración pública se han llevado a cabo estimaciones del gasto en pensiones que han dado como resultado una amplia horquilla del porcentaje del PIB que va a ser necesario emplear, a largo plazo, para hacer frente al desequilibrio que puede suponer para el sistema el envejecimiento de la población si no se empiezan a tomar medidas desde ahora. Los resultados de estas simulaciones difieren porque diferentes son los escenarios proyectivos de partida, si bien todas ellas contemplan el mencionado envejecimiento como una hipótesis insoslayable. Y también la mayoría de ellas concluyen que España se va a enfrentar al peor momento del problema alrededor del año 2050, cuando se calcula que tendremos la peor relación cotizante-pensionista.

Una reciente proyección que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha realizado, y que está siendo utilizada por la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo en sus trabajos, revela que el gasto en pensiones previsto para el año 2040 supondría el 12,06% del PIB, que es inferior al porcentaje que en la actualidad están invirtiendo algunos países de la UE. ¿Podremos soportar este gasto proyectado para ese año? Parece que sí, porque para llegar a esta cifra, que representa el punto álgido de la mencionada proyección, tendríamos que crecer a un ritmo medio anual del 0,09% entre 2000 y 2040. Sólo en los 20 años que median entre 1980 y 2000 el gasto en pensiones contributivas subió en nuestro país desde el 5,77% al 8,39% del PIB, y eso promedió al 0,13% anual.

Entre los aliados antes mencionados, el fondo de reserva y el alargamiento de la vida laboral pueden suponer un importante apoyo para el sistema si en algún momento los gastos superan a los ingresos. Con el fondo de reserva sólo estamos ante el final de una primera etapa que se va a saldar muy por encima de las previsiones iniciales, puesto que, este mismo año, el fondo tendrá una dotación superior a 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), lo que significa superar en 200.000 millones de pesetas lo fijado para el año 2004 por el acuerdo para la mejora y el desarrollo del Sistema de Protección Social y, en consonancia con las orientaciones contenidas en el Plan de Estabilidad, alcanzar la máxima aspiración del acuerdo. Además de su valor intrínseco, no hay que desdeñar, como recurso patrimonial del fondo, los rendimientos de cualquier naturaleza que generen los activos financieros públicos en que ya se están materializando sus dotaciones y que en la actualidad tienen una rentabilidad media del 4,43%. Por su parte, la edad de jubilación, en la actualidad por debajo de los 63 años de media, ofrece un importante margen de actuación que ya ha empezado a utilizarse con la entrada en vigor del sistema de jubilación gradual y flexible. Pero el mejor aliado del sistema es un intangible que ya forma parte de su más preciado patrimonio: el asenso social que ha propiciado el Pacto de Toledo y los acuerdos que lo interpretan y actualizan, como es el caso del mencionado acuerdo, entre cuyas referencias de actuación se encuentran el sostenimiento del sistema y su viabilidad futura.

Pero, además, nuestra ventura o desventura está unida a la suerte de la UE, con unos problemas comunes que requieren de la misma medicina; aunque, en nuestro caso, por enfrentarse España a las dificultades más tarde que el resto de Estados miembros, conoceremos la mejor receta aplicada en otros países. Y desde la Cumbre de Lisboa de 2000 nos estamos beneficiando de ese instrumento estratégico que representa el nuevo 'método abierto de coordinación', que trata de vincular los intereses de la política económica con los principios de la política social.

En fin, asumamos las previsiones a largo plazo como un obligado ejercicio de responsabilidad política, pero no hagamos de unas proyecciones con fecha de caducidad tan larga un dogma que el paso del tiempo convierta en sofisma. En medio siglo y al paso ligero que llevamos, la sociedad del 2050 tendrá pocas similitudes con la actual. Miremos 50 años atrás y nos daremos cuenta de lo que significó el paso de estos años en nuestra sociedad. ¿Eran predecibles, siquiera de manera aproximada, los cambios tan profundos que se produjeron en ese periodo de tiempo? Pocos organismos internacionales acertaron cuando predijeron el futuro más allá de 20 años. Se dice que Keynes, como respuesta a quienes cuestionaban su modelo, por ser éste sólo válido para el corto plazo, respondió: 'A largo plazo... todos muertos'.

José Luis Gómez-Calcerrada Gascón es director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social.