El alcalde de Caldetes, del PSC, demanda al grupo municipal de CiU
El alcalde de Caldes d'Estrac, Joan Rangel (PSC), ha presentado una demanda de conciliación contra el portavoz del grupo de CiU, Albert Batlle, y tres concejales más del mismo partido. La demanda responde a las acusaciones que lanzó Batlle sobre las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde en la adjudicación de la gestión de los baños termales. Según el texto de la demanda, Batlle acusó a Rangel de conceder la gestión a familiares del alcalde.
En la demanda, Rangel exige al grupo de CiU que emita una nota de prensa en la que pida disculpas públicas y reconozca que las afirmaciones son falsas. 'Espero que Batlle y el resto de los concejales comparezcan en el acto de conciliación previa. Las acusaciones fueron tan graves que si hubiesen sido ciertas se trataría de un delito', afirma Rangel. El alcalde considera que los cuatro concejales de CiU se han situado 'al margen de la política' y que por ello 'deben asumir responsabilidades jurídicas'. Los concejales de CiU que junto con Batlle figuran en la demanda son Enric Illa, Joaquim Arnó y Òscar Freixas porque, según el alcalde, 'ninguno de ellos se desmarcó nunca de las declaraciones de Batlle'.
El edil convergente llevó a cabo las declaraciones supuestamente incriminatorias contra el alcalde socialista los días 7 de diciembre de 2001 y 14 de enero de 2002. El líder de la oposición se pregunta por qué Rangel ha tardado tiempo en presentar la demanda. 'Esta cuestión es una cortina de humo para tapar la dimisión del concejal de Urbanismo después de cometer una infracción preocupante', concluye Batlle. El portavoz de CiU también ha manifestado que 'seguramente' acudirá al juzgado, aunque considera que primero se deben resolver algunos errores del texto de la demanda. Además, Batlle asegura que la iniciativa de Rangel le permitirá 'demostrar algunas irregularidades que existieron en el proceso de adjudicación' de las obras.
Según el abogado de Joan Rangel, Fernando Hernández, si Batlle y los tres concejales no se presentan a la conciliación previa, continuará el proceso judicial. En este caso, el juez deberá determinar si se trata de un delito de lesión de honor. Batlle ya fue condenado por este delito anteriormente y el recurso correspondientne fue desestimado por la Audiencia de Barcelona el pasado mes de abril. En aquella ocasión, los concejales de CiU fueron condenados a una disculpa en la revista El Pedrís y a una compensación de 3.000 euros (500.000 pesetas).
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