Los jueces rectifican y aceptan trasladar las guardias a sede policial del 20 al 24

Los jueces de instrucción de Sevilla rectificaron ayer su decisión inicial y aceptaron trasladarse a una sede de la policía para hacer las guardias de detenidos entre el 20 y el 24 de junio. La Junta de Jueces de Instrucción acordó ayer, tras una reunión de tres horas, asumir este traslado por 'las circunstancias excepcionales' que concurren, es decir, coincidencia de la huelga general del 20-J y la celebración de la cumbre europea (21 y 22 de junio).

La Delegación del Gobierno propuso a principios de mayo a los jueces que trasladasen las guardias de detenidos a una sede de la policía (el antiguo cuartel, situado junto a la Jefatura Superior de la Policía en Sevilla, en la calle Blas Infante) entre el 19 y el 24 de junio. Esta propuesta se basaba en razones operativas (evitar el traslado de detenidos desde dependencias de la policía a los juzgados, ubicados en el centro de Sevilla) y de seguridad.

El pasado 9 de mayo, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla (20 magistrados en total) rechazó esta propuesta por unanimidad. Los jueces adujeron, principalmente, razones prácticas (no contar con sus medios de trabajo habituales) y, en menor medida, estéticas (no les parecía razonable tomar declaración a los detenidos en una instalación policial).

Los jueces de instrucción volvieron a debatir ayer esta cuestión y decidieron dar marcha atrás en su decisión anterior. A la junta celebrada ayer acudieron 16 jueces y por mayoría simple (no hubo unanimidad) decidieron trasladar las guardias de detenidos a dependencias policiales.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, acudió a esta junta y apoyó el traslado de los dos juzgados de guardia de detenidos que funcionarán los días más calientes (normalmente sólo hay uno) a la sede policial. Tras su intervención, Méndez de Lugo abandonó la reunión y comenzó el debate entre los jueces de instrucción de Sevilla y la posterior votación.

A lo largo del debate, los jueces volvieron a hablar de los problemas prácticos que supone esta medida y valoraron todos los argumentos que se les puso sobre la mesa para convencerlos del traslado: la cercanía de los juzgados del hotel donde se alojarán buena parte de los mandatarios europeos y la posibilidad de que se produzcan altercados en esta céntrica zona de la capital; las dificultades para trasladar a los detenidos, que pueden aumentar considerablemente estos días, y la reducida capacidad de los calabozos de los juzgados o la posibilidad de que la manifestación de los grupos antiglobalización del día 22 acabe precisamente en el Prado de San Sebastián, donde están ubicados los juzgados.

Todos estos argumentos convencieron a una parte de los jueces, pero no a otros, que no compartían que se vayan a producir 'circunstancias excepcionales' que justifiquen el traslado a una sede policial. El decano de los jueces de Sevilla, Andrés Palacios, destacó ayer que la reunión fue 'intensa y rica desde el punto de vista intelectual'. Esta decisión será trasladada a la Sala de Gobierno del TSJA y, posteriormente, al Consejo General del Poder Judicial, que será el órgano que apruebe definitivamente el traslado.

Tras la reunión, Méndez de Lugo abogó por el traslado ante la 'previsible avalancha' de detenidos (en la cumbre de Barcelona hubo 98) y la 'conflictividad que genera' la cercanía de los juzgados del hotel donde se alojarán las delegaciones europeas, informa Efe.

El decano de los jueces de Sevilla, José Joaquín Gallardo, opina que se trata de una decisión acertada que, en ningún caso, 'perjudica la imagen de independencia' de los jueces y acentúa el 'carácter de servicio público de la justicia'. Gallardo subraya que lo importante no es la ubicación física de los juzgados, sino que los detenidos por la policía pasen a disposición judicial a la mayor brevedad posible, algo que, según el decano, ocurrirá con este traslado.

Discrepa abiertamente José Ignacio Aguilar, abogado y miembro de la Comisión de Derechos y Libertades del Foro Social. Aguilar cree que se trata de una medida 'deplorable' y que no parece lógico que en 'un Estado de derecho se vincule físicamente la sede de la actuación gubernativa con la del poder judicial'. Destaca la buena comunicación entre las dependencias policiales y los juzgados, por lo que censura este argumento para justificar el traslado.