Manuel Aznar dimite de su cargo en el Defensor del Pueblo y se va de agregado a la Embajada de Roma

Manuel Aznar, el hermano mayor del presidente del Gobierno, ha dimitido como secretario general del Defensor del Pueblo para ocupar la plaza de agregado laboral de la Embajada Española en Italia. La salida de este veterano funcionario de 54 años de la institución en la que ha permanecido durante los últimos 19 años no se ha producido en silencio. Antes de anunciar su dimisión, el funcionario de mayor rango del Defensor del Pueblo protagonizó una tumultuosa reunión en la que se enfrentó a los dos adjuntos de la institución, una disputa que hizo constar en el acta de aquel encuentro.

El enfrentamiento, de tono duro, se originó porque el secretario general se negó a ofrecer unos datos económicos a los dos adjuntos. Éstos, consultados ayer por EL PAÍS, tienen una versión similar de los hechos. Tanto Maria Luisa Cava de Llana, ex diputada del PP, como Manuel Aguilar, ex parlamentario socialista, sostienen que 'no hay ningún motivo sólido' para que Manuel Aznar se sintiera 'ofendido o desautorizado' y abandonara la institución. Por eso, la tesis más probable que ambos mantienen es que Aznar ya había decidido 'optar por un destino mejor que le habían ofrecido' y que el enfrentamiento se produjo para 'utilizarlo como excusa' de su salida de una institución en la que llevaba tanto tiempo. Cava de Llano sostiene además que ella estaba 'especialmente interesada' en 'tener una buena relación' con Aznar, 'entre otras cosas' porque ambos están vinculados al mismo partido. 'Ha habido algún que otro roce, pero nada fuera de lo normal', asegura. 'No le ha cesado nadie, él sabrá por qué se ha ido, pero no hay motivos sólidos', añade Aguilar.

Otras fuentes sostienen que hace ya tiempo que el secretario general 'iba por libre' y no soportaba que los cargos políticos -los dos adjuntos y el defensor- le 'enmendaran la plana' constantemente. Por eso sostienen que utilizó sus contactos para buscar un destino mejor.

La polémica reunión se produjo el pasado mes de febrero. En ella estaban presentes Aznar, Enrique Múgica y los dos adjuntos. Éstos pidieron, según su versión, que Aznar les ofreciera los datos económicos del organismo porque querían verlos antes de firmar, como es preceptivo, la liquidación del presupuesto. Aznar se negó argumentando que él sólo rinde cuentas al propio defensor y que algunos de esos datos son confidenciales. Ante la queja de los dos adjuntos, Múgica dio la razón a estos últimos. Aznar hizo entonces constar en acta la disputa en términos muy duros y dijo que los adjuntos le habían acusado de ocultar datos. El secretario general sostuvo que esa acusación era 'injuriosa' y que de alguna manera se le imputaba algún tipo de manejo extraño con el dinero. Sin embargo, los dos adjuntos sostienen que sólo querían los datos y nunca llegaron a sospechar nada extraño.