El Supremo reduce a un año de cárcel la pena a un violador condenado 20 años después de la agresión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha cerrado, 22 años después de los hechos, un caso de violación que se produjo en un descampado madrileño en 1980 y que ahora se ha saldado con una condena de un año de prisión, que ya tiene cumplida el acusado, Francisco J. S., que entonces tenía 16 años y hoy cuenta 37. El Supremo reconoce 'un cuadro lamentable' de dilaciones indebidas, entre ellas el extravío de la causa durante seis años, por lo que reduce la pena de tres años a uno de cárcel y mantiene una indemnización de dos millones de pesetas.

A la víctima de la violación, que tenía entonces 19 años y hoy 40, se le sugiere que reclame la 'posible responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de justicia', es decir, que inicie una reclamación económica que podría dilatarse entre tres y cinco años. El Supremo admite 'en toda su crudeza' la realidad de lo sucedido, y señala que los plazos de paralización sufridos en la tramitación de la causa fueron evidentemente largos e injustificados y 'constituyen un claro ejemplo de dilaciones indebidas de funcionamiento anormal de la justicia'.

El 24 de noviembre de 1980, sobre las ocho y cuarto de la noche, una joven de 19 años de edad y su amiga, de 15, fueron abordadas a punta de navaja por Francisco J. S., entonces de 16 años, a la salida del metro de Suanzes. El joven les robó un anillo de oro y una cantidad inferior a cien pesetas y luego, siempre bajo la amenaza de la navaja, las llevó a un descampado, donde las obligó a desnudarse, penetrando vaginalmente a la chica mayor, momento que aprovechó la otra muchacha para huir.

El juicio se celebró el 4 de abril de 2000 ('¡20 años después!', expone la sentencia entre signos de admiración). Hoy el agresor cuenta 37 años. La Audiencia de Madrid condenó al violador a tres años de cárcel y a pagar dos millones de pesetas (18.030 euros) de indemnización a su víctima.

Antes de la sentencia, la instrucción del proceso había seguido su curso normal hasta la conclusión del sumario en julio 1983, año en que se elevó la causa a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. A partir de ahí, el proceso quedó paralizado hasta el 10 de noviembre de 1989, más de seis años, por haberse extraviado el sumario.

En 1991 quedó abierto el juicio oral, pero entonces tuvieron que practicarse gestiones para la localización de la víctima hasta febrero de 1994. La causa volvió a quedar paralizada desde entonces hasta marzo de 1999, en que se reanudaron las gestiones de localización de la víctima y del propio procesado.