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Reportaje:CRÓNICA EN VERDE

Invadidos por el asfalto

La Vega de Granada sigue perdiendo cada año unas 200 hectáreas de suelo agrícola

Como ha ocurrido en otras capitales andaluzas, Granada lleva, desde mediados del siglo XX, creciendo a costa de algunos de los terrenos rurales más valiosos de su periferia. Un proceso que se manifiesta de forma intensa y desordenada a pesar de los criterios racionales que han tratado de establecerse desde diferentes instituciones. Así, en 1996 un grupo de expertos universitarios elaboró, por encargo de la Junta, un concienzudo diagnóstico a propósito de este problema que, a su vez, sirvió de soporte para el diseño del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.

Ninguno de estos documentos parece haber servido hasta ahora para frenar un proceso que hipoteca el futuro de toda la vega granadina. De las 20.000 hectáreas que sumaba esta comarca hace poco más de cinco años, se han transformado ya alrededor de 1.200, y los terrenos que pierden su condición rural a favor de urbanizaciones o infraestructuras de distinto tipo incrementan este balance en unas 200 hectáreas por año.

Las asociaciones y colectivos que acaban de constituir la plataforma Necesitamos la Vega calculan que, a este ritmo, la peculiar fisonomía de este territorio, y sus valores ambientales, habrán desaparecido por completo antes de 2025. Por eso se han embarcado en una campaña que trata de llamar la atención sobre este problema y uno de cuyos principales instrumentos es un detallado pacto en defensa de la vega, con el que pretenden conseguir el compromiso de ciudadanos y administraciones.

Los datos, sostienen desde la plataforma, demuestran que todo este conflicto se está desarrollando 'en el escenario más ilógico posible'. En el diagnóstico publicado hace seis años se afirmaba que el planeamiento urbanístico vigente en aquella fecha permitía la construcción de unas 167.000 viviendas en el conjunto de la aglomeración urbana de Granada, lo que suponía cuadriplicar la oferta existente en las zonas periféricas, que pasarían de algo menos de 60.000 viviendas a más de 200.000. Aun así, los cálculos se han visto desbordados ante la reclasificación desmesurada de suelos que han llevado a cabo un buen número de municipios.

En la actualidad, denuncian los promotores del pacto, si se construyeran todas las viviendas que toleran los nuevos planeamientos, el área metropolitana podría llegar a albergar una población de 900.000 personas, es decir, 'cabrían todos los habitantes de la provincia de Granada, algo más de 800.000, y todavía sobraría sitio'. Y esto sin tener en cuenta que en la vega hay unas 25.000 viviendas vacías, el ritmo de construcción de inmuebles duplica al de la creación de hogares y, además, escasean las de protección oficial, que son las más demandadas por las familias de menos recursos.

Los viejos caminos rurales, y hasta las vías pecuarias que son de dominio público, se ocupan de manera ilegal, convirtiéndose en algunos casos, al igual que ocurre con los ríos y arroyos, en vertederos y escombreras. El paisaje se transforma en un extraño y caótico mosaico en el que las urbanizaciones aparecen aquí y allá.

Se resienten los servicios básicos, como el transporte público, que no puede cubrir un territorio poco organizado y en continua transformación, lo que origina una mayor presión del tráfico privado que se traduce en atascos, humos y ruidos. El abastecimiento de agua, añaden los responsables de la plataforma, tampoco está resuelto en algunos municipios de la vega.

Para los colectivos que se han incorporado a esta campaña cualquier alternativa pasa por una profunda revisión de los planteamientos con los que están actuando las diferentes administraciones. Deberían, por tanto, reconsiderarse las calificaciones de suelo que se han llevado a cabo de manera que no se ejecuten planes de urbanización 'claramente sobredimensionados'. Asimismo, proponen el establecimiento de alguna figura de protección, como podría ser la de parque agrícola, que sirva para conservar los valores ecológicos y sociales, fomente las producciones tradicionales de la zona, establezca un manejo racional de los cultivos e incorpore recursos didácticos y recreativos para el disfrute de los ciudadanos.

Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es

Ocho compromisos

El pacto en defensa de la vega de Granada lo respaldan más de una veintena de asociaciones de muy diversa orientación, desde ecologistas hasta padres de alumnos. También se han sumado a la iniciativa cooperativas y organizaciones agrarias de la comarca, como COUAGA, Granagenil o Coples, y el Ayuntamiento de Santa Fe. En el documento se recogen ocho compromisos con los que sería posible mantener los valores de este territorio sin limitar su capacidad para generar riqueza. En primer lugar, se propone un paquete de medidas para apoyar a la agricultura tradicional, de manera que no se abandonen los cultivos y puedan iniciarse nuevas experiencias en busca de productos de calidad. El segundo capítulo se dedica a la creación de un parque agrícola, como figura capaz de conciliar conservación y desarrollo. Un tercer apartado atiende a las diferentes estrategias con las que podrían diversificarse los usos y aprovechamientos en la zona, fomentando, por ejemplo, el turismo rural y los huertos de ocio. También se contemplan diferentes acciones para el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras, con especial atención a los transportes públicos y a la red de caminos rurales. En el pacto se considera, asimismo, imprescindible un programa de restauración ambiental en aquellos enclaves que se han visto deteriorados. La recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural ocupa el sexto apartado, y en él se incluye, entre otras iniciativas, la creación de un archivo en el que se centralicen todos los materiales educativos referidos a esta comarca. El pacto concluye con una batería de instrumentos que permitan aplicar con garantías las normas de protección ambiental, y un apartado que busca el fortalecimiento de las estructuras administrativas indispensables para manejar el territorio con criterios racionales.

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