La boca sumisa del poder
LA INADMISIÓN POR EL SUPREMO de la querella interpuesta por orden del fiscal general del Estado contra Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna y diputado del brazo electoral de ETA en el Parlamento de Vitoria, ha puesto fin a los corteses sombrerazos, ceremoniosas reverencias y humildes acatamientos del Gobierno a las resoluciones judiciales. La desabrida regañina lanzada a los magistrados por el presidente Aznar y su ministro de Justicia nos devuelve al espíritu de la doctrina Cascos: en 1995, el entonces flagelo de los socialistas sostenía que la única misión de los tribunales era dar forma jurídica a los previos veredictos de la opinión pública interpretados por el PP. Siete años después, su mayoría absoluta en ambas Cámaras permite a los populares seguir fieles al contenido de esa tesis, aunque modificando levemente su presentación: ahora los magistrados deberán aplicar las leyes aprobadas por el Parlamento (en este caso, la reforma del año 2000 del artículo 578 del Código Penal) de acuerdo con la interpretación del Gobierno. Montesquieu afirmó, en De l'esprit des lois, que los jueces son 'el instrumento que pronuncia las palabras de la ley'; para el PP, deben ser la boca sumisa del Poder Ejecutivo.
La reacción de Aznar y del ministro Acebes ante el rechazo de una querella presentada contra el portavoz de Batasuna por un delito de apología del terrorismo cometido en Francia raya en la demagogia
En un ejercicio de demagogia impropio de un gobernante respetuoso con la división de poderes, Aznar se pregunta retóricamente cómo podría explicar a una víctima del terrorismo esa inadmisión de la querella contra Otegi. El ministro de Justicia lleva su osadía hasta sostener que el artículo 578 (reformado) del Código Penal está redactado con tan 'absoluta claridad y nitidez' que basta con 'cogerlo y leerlo' para concluir que el Supremo se ha equivocado de plano. Sin embargo, los fundamentos del auto son irrebatibles; dado el absurdo lógico de que la apología de los delitos de terrorismo pueda ser a la vez otro delito de terrorismo, el artículo 23.4 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial no atribuye a la jurisdicción española competencia para decidir sobre la relevancia penal del grito 'Gora Euskadi ta askatasuna' lanzado por Otegi en San Juan de Luz (Francia).
Resulta comprensible que las calculadas provocaciones de los dirigentes del brazo político-electoral de ETA, especialistas en llevar hasta la raya del ilícito penal -sin traspasarla-sus pronunciamientos a favor de la banda terrorista, colmen a veces la paciencia de los demócratas. Como sucede con el desafío de los niños al jardinero en el parque ('la manga riega, aquí no llega'), el propósito de estos apologistas del crimen que escupen sobre la memoria de las víctimas es hacer perder los nervios a los legisladores, gobernantes y jueces para quejarse luego de los eventuales excesos de las respuestas represivas y presentarse como perseguidos inocentes. La fallida querella del fiscal general contra Otegi muestra, sin embargo, que la irritación no es una buena consejera a la hora de emprender acciones penales contra aquellos dirigentes del brazo político de ETA que se mueven entre los intersticios de las leyes y los resquicios de las garantías constitucionales.
Abstracción hecha de la eventual disolución judicial de Batasuna por la vía civil una vez promulgada la Ley de Partidos, el Estado de derecho, sin embargo, no está inerme ante sus enemigos. La 'interpretación integradora y global' de ETA que el juez Garzón expuso en su auto del pasado 3 de mayo abre teóricamente el camino no sólo al procesamiento y condena de los dirigentes de Batasuna y de otras organizaciones especializadas pertenecientes al entramado terrorista, sino también a su disolución por la vía penal como asociaciones ilícitas. La detención del director del departamento de auditoría interna de la Caja Laboral de Mondragón, dictada por el magistrado instructor de la Audiencia Nacional en un sumario relacionado también con Batasuna, tal vez facilite nuevas pistas sobre la financiación de ETA, una organización terrorista formada presuntamente no sólo por los comandos asesinos, sino también por Batasuna y por otras siglas legales o alegales.
