Avanzit se da cuatro meses para levantar la suspensión de pagos y su plantilla advierte de un 'nuevo Sintel'

Avanzit, la empresa de tecnología de la información, hizo ayer efectiva la presentación de la suspensión de pagos, con un pasivo de 222 millones de euros, tanto de la matriz como de su filial de telecomunicaciones, aunque con la esperanza de alcanzar un acuerdo con los bancos que le permita levantar la suspensión en un plazo inferior a los cuatro meses.

Los planes de la antigua Radiotrónica contrastan con las demandas de sus principales acreedores y las de su plantilla. El Santander Central Hispano, que encabeza la lista de las 42 entidades crediticias, ha requerido notarialmente a la compañía que preside Rafael Martín Sanz la cancelación anticipada del crédito sindicado de 90,15 millones concedido a la empresa en julio de 2001. El SCH, que asumió más de la mitad de ese importe, aduce para pedir la cancelación el incumplimiento de los compromisos financieros por parte de Avanzit.

Esta petición puede acarrear la suspensión de pagos en los próximos días de las filiales de media (Avanzit Media) y de ingeniería (Avanzit Tecnología), que deben responder solidariamente de las deuda del grupo (Avanzit, SA).

La compañía propone a los acreedores una capitalización de parte de la deuda, dando entrada en el capital a los acreedores, solución a la que se oponen radicalmente éstos, que sólo aceptan medidas de refinanciación. Por el momento, los acreedores sólo han solicitado embargos por un importe de 30.000 euros, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero éste no es el único frente abierto. Los sindicatos de Avanzit temen por los 4.000 puestos de trabajo directos de todo el grupo (más otros 1.500 indirectos) y, entre duras acusaciones a la anterior y a la actual dirección de la empresa por su gestión, advierten que se puede crear un 'nuevo Sintel'. Como ya sucedió en aquel caso, los sindicatos acusan a Telefónica, principal cliente de Avanzit, de ser responsable en parte de la crisis al imponer contratos a bajo precio y a la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, por su 'pasividad' ante las demandas del sector.