Rigau vino, firmó y se marchó

La señora consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, considera su misión cumplida. Ya ha firmado el acuerdo con el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat para la construcción de un par de residencias geriátricas en nuestra ciudad. Una para el Ayuntamiento y otra para la Generalitat, que lo bien acordado bien repartido ha quedado. Y que cada uno haga con ellas lo que disponga. Aquí ya hemos cubierto el cupo.

¿Y qué dice la señora consejera cuando se le pregunta quién gestionará estas residencias? Pues nada, que se otorgarán por concurso público 'porque esto debe ser así'. A eso le llamamos nosotros valorar el trabajo de las fundaciones sin ánimo de lucro.

Pero claro, la señora Irene Rigau no recuerda que ha desatendido las reiteradas reclamaciones de la Fundació Companys Socials, una entidad sin ánimo de lucro, pidiendo que cumpliera el compromiso adquirido por su departamento (desde hace 11 años) de que dicha residencia la gestionaría esta fundación de la ciudad.

La señora consejera ha hecho oídos sordos a las voces, cada vez más numerosas, que cuestionan los concursos públicos y concesiones administrativas, como un método legal para conceder graciablemente residencias y servicios sociales a empresas determinadas, o mejor vistas, o sencillamente más próximas a...

La consejera Irene Rigau no debe leer los artículos que denuncian la privatización encubierta a la que se está sometiendo un derecho universal como son las prestaciones sociales, y entre ellas las residencias para nuestros ancianos. Ni hace cuentas para saber que la atención geriátrica en Cataluña supone un negocio superior a 1.200 millones de euros (200.000 millones de pesetas) e incrementándose día a día. Y tampoco advierte el interés que bancos, aseguradoras, constructoras y pillastres de turno tienen sobre este mercado que supone las residencias geriátricas.