Amnistía denuncia el riesgo de sacrificar los derechos humanos a costa de la seguridad

No cabe duda de que los sucesos del 11 de septiembre fueron un crimen contra la humanidad que conmocionó y cambió al mundo, asegura Amnistía Internacional. Pero, en opinión de la organización internacional de derechos humanos, varios Gobiernos aprovecharon este horror y la ola de indignación que provocó para subirse al tren del 'antiterrorismo' y utilizaron el brutal momento para 'incrementar la represión, socavar la protección a los derechos humanos y reprimir la disidencia política'. Bajo el título Ahora que es la hora de saber, tomado prestado de una obra de Mario Benedetti, Amnistía presentaba ayer en todo el mundo su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

'El papel que ustedes desempeñaban se ha venido abajo junto con las Torres Gemelas de Nueva York'. Esta aplastante afirmación de un alto cargo gubernamental a un grupo de delegados de Amnistía Internacional (AI) resume el reto que afronta el movimiento de derechos humanos tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. 'La universalidad de los derechos humanos se enfrenta con su mayor reto. El doble rasero y el enfoque selectivo se están convirtiendo en norma', señala en el informe Irene Khan, secretaria general de AI. Aun así, recuerda Khan, 'la protección de los derechos humanos es para los mejores y los peores de entre nosotros'.

'La seguridad no puede ni debe tener preferencia sobre los derechos humanos. El mayor peligro para éstos se produce cuando se permite que los intereses políticos y económicos guíen el programa de trabajo sobre derechos humanos', puntualizó ayer Eva Suárez-Llanos, presidenta de la sección española de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe. En nombre de la seguridad, varios países se apresuraron tras los atentados del 11-S a aprobar leyes y medidas 'antiterroristas', como la detención indefinida sin juicio, mientras que aumentó la renuencia de los gobiernos a criticar la política interna de los demás. La organización internacional considera que a medida que la 'guerra contra el terrorismo' fue dominando el discurso de la prensa mundial, los gobiernos empezaron a representar a los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad. En el Reino Unido, el Gobierno aprobó una legislación de 'excepción' que permitía recluir sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros, creando así un sistema de justicia penal paralelo que no ofrecía las garantías esenciales del sistema ordinario. EE UU aprobó una legislación que permitía detener por tiempo indefinido, por motivos de 'seguridad nacional', a ciudadanos extranjeros.

Para AI, hay hechos, como el desprecio a la vida o las crisis en Oriente Próximo, Afganistán y Colombia, que van mal o han ido a peor en el año 2001. Esteban Beltrán, director de AI-España, dibujó ayer un mapa del mundo desolador. En el Informe 2002, Amnistía apunta que a lo largo del año pasado 152 países -sobre un total de 192- fueron escenario de violaciones de los derechos humanos. Se documentaron ejecuciones extrajudiciales en 47 países; ejecuciones judiciales en 31; desapariciones en 35 países; presos de conciencia en 56 y torturas en otros 111.El racismo ha cobrado fuerza estimulado por políticos más preocupados por su popularidad que por el respeto a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, añade el informe. Algunos países viven un clima de sospecha y desconfianza hacia los extranjeros, a los que a menudo se implica en el fenómeno terrorista. 'Como secuelas de la crisis de Oriente Próximo, surgieron ataques racistas y antisemitas contra árabes y judíos, provocados por la intolerancia hacia las diferencias religiosas, raciales, culturales y nacionales'.

En agosto de 2001, Amnistía amplió su programa de trabajo para incluir en él las nuevas exigencias que plantea un mundo en cambio constante. En el futuro, la organización no sólo se ocupará de los derechos civiles y políticos, que han sido el centro de su acción durante 40 años, sino que se movilizará para asegurarse de que se respetan los derechos económicos, sociales y culturales.

Amnistía recalca que el respeto hacia los derechos humanos abarca no sólo su universalidad, sino la indivisibilidad de todos ellos, económicos, sociales o culturales, así como civiles y políticos. A medida que avanza la globalización, aumentando la riqueza de unos y la miseria y la desesperación de otros, los activistas de derechos humanos no sólo deben promover la justicia legal, sino también la social, finaliza el informe.