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Duran Lleida logra que Unió abandone sus tesis soberanistas

La ponencia del congreso de UDC defiende un nacionalismo social

Unió Democràtica (UDC) abandonará este fin de semana el nacionalismo genuino y sus históricas demandas soberanistas y apostará por un catalanismo pragmático, de tintes más sociales y menor carga identitaria, fiel a las prédicas de su líder, Josep Antoni Duran Lleida. La ponencia política que se debatirá en el congreso de Sitges supone una drástica ruptura con los preceptos aprobados en el de hace dos años en Tarragona, cuando llegó a apoyarse la independencia de Cataluña. Se hacen votos incluso para entrar en el Gobierno central.

La ponencia política recupera los 'mandamientos del nuevo catalismo' expuestos por Duran Lleida en su controvertida conferencia de octubre de 2000 en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, donde proclamó para disgusto de los sectores más soberanistas: 'Unió es un partido nacionalista que no ha hecho del nacionalismo su ideología, sino un sentimiento'. Dos meses después, el congreso de Tarragona cerraba el paso a estas radicales propuestas y se mantenía fiel a la ortodoxia nacionalista. Ahora, en el congreso de Sitges de este fin semana, Duran Lleida ha podido imprimir su sello personal a la ponencia política.

El documento parte de la premisa de la necesaria renovación del catalanismo político y sus dificultades para aglutinar a mayor número de simpatizantes en una sociedad cada vez más heterogénea en la que se 'constata un cierto relajamiento de la conciencia nacional'. La superación de esta 'crisis del nacionalismo' no pasa, según Unió, por las recetas de siempre sino anteponiendo la 'cohesión social y el progreso para el conjunto de las personas que viven en Cataluña' a las reivindicaciones de mayor calado nacionalista e identitario. O sea, aplicando políticas 'al servicio directo de la ciudadanía'.

Los democristianos proponen un 'nuevo pacto nacional para Cataluña', basado en un mayor acercamiento de los políticos a la sociedad y en seis compromisos para incrementar el bienestar ciudadano y la cohesión social de Cataluña. Además, abogan por encontrar complicidades con el mundo intelectual y cultural catalán, un sector que siempre se ha mantenido remiso al nacionalismo.

Aparcar el lamento

La ponencia no sólo supone una ruptura con los principios del nacionalismo histórico, que aún defienden formaciones como sus socios de Convergència Democràtica, sino también en las relaciones políticas con el Gobierno central. Unió aparca reivindicaciones como la independencia o la autodeterminación, que figuran en los documentos fundacionales del partido, y se aboga por un nuevo concepto de relaciones con el resto de España basado en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y en una mayor imbricación. 'En la defensa de los intereses de Cataluña parece claro que la estrategia de reivindicación continua que ha seguido el nacionalismo catalán en los últimos años ya no parece efectiva y que, además, ha producido en algún caso recelos innecesarios en el resto del Estado', aparece en la ponencia política, que alerta además de los perjuicios de este 'lamento constante'.

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El reconocimiento de la plurinacionalidad de España -en pocos casos se utiliza en la ponencia la denominación de Estado español- comportaría necesariamente, según Unió, 'una participación activa del nacionalismo catalán en la política española', un eufemismo para defender la entrada de CiU en el Gobierno central que cuenta con más partidarios en las filas de Unió que en las de Convergència.

La crisis desencadenada por el caso Pallerols [presunta financiación ilegal de Unió con fondos para la formación de parados] ha hecho mella en el partido hasta el punto de que el congreso aprobará un código ético de conducta para la militancia, redactado casualmente por el ex consejero de Trabajo de la Generalitat, Ignasi Farreres, que tuvo que dimitir de sus cargos en el partido a raíz de ese escándalo.

El decálogo reza que los militantes no podrán aceptar 'ni corruptelas, ni personalismos, ni capillas', deberán diferenciarse por su 'honestidad y austeridad en los gastos oficiales' y no podrán proferir insultos hacia los adversarios políticos.

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