La Generalitat veta que unos juristas puedan investigar las prisiones

El Departamento de Justicia de la Generalitat ha vetado la entrada en las cárceles catalanas a un grupo de juristas que pretendían realizar una investigación y un informe sobre la situación de las prisiones en Cataluña. Justicia argumenta que está dispuesta a colaborar con esos juristas, pero sin que visiten las cárceles. El departamento considera, además, que no pueden atenderse todas las peticiones que se hacen para entrar en ese sentido.

La petición para visitar las prisiones de Cataluña la realizó hace unos seis meses el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, un colectivo formado por una treintena de profesores de Derecho y otras disciplinas de la Universidad de Barcelona. Se trata de una grupo de trabajo creado para analizar el trato que otorgan el Derecho Penal, la policía, la justicia y el sistema penitenciario a los problemas que se plantean en la sociedad actual, además de contribuir a promocionar la cultura de los derechos humanos.

Hasta ahora, el observatorio había organizado jornadas de debate y con el paso de los meses acordó realizar varios trabajos de investigación. Uno de ellos se refería a la situación de las cárceles de Cataluña, enmarcado en un proyecto financiado por la Unión Europea y que también se desarrolla en Portugal, Grecia, Italia y Gran Bretaña.

Este trabajo de investigación recibió el apoyo de los rectores de varias universidades españolas, colegios de abogados de diversas ciudades, asociaciones de derechos humanos, ayuntamientos y otras instituciones. Para poder realizar su estudio, el observatorio reclamó el permiso de la Generalitat, que es la Administración que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Iñaki Rivera, catedrático de Derecho penitenciario e impulsor del proyecto, explicó ayer que los autores del estudio pretendían pasar un día en cada cárcel de Cataluña, reunirse con los funcionarios y los presos y facilitarles un cuestionario para que, quien quisiera, lo rellenase. '¿Hay algo que ocultar? Espero y deseo que no', indicó Rivera.

Después de varios meses de promesas y buenas palabras, Justicia acabó vetando a los juristas. El consejero de Justicia, Josep Delfí Guàrdia, explicaba en una respuesta parlamentaria a la diputada de ERC Carme Porta: 'Los servicios públicos penitenciarios ya tienen los mecanismos necesarios de inspección y control previstos en nuestro ordenamiento y no pueden atender las peticiones que periódicamente se formulan desde diversos sectores'. El consejero entiende que el control parlamentario, la tutela de los jueces de vigilancia penitenciaria, las inspecciones que realiza el Síndic de Greuges y algunas visitas que lleva a cabo el Comité Internacional para la Prevención de la Tortura ya son garantías suficientes .

Los grupos representados en el Parlament, sin embargo, no opinan igual y todos ellos, a excepción de CiU, presentarán hoy una proposición no de ley en la Cámara instando al Gobierno catalán a facilitar los trabajos del observatorio, 'según las recomendaciones europeas'.

La moción recuerda que en 1999, cuando Jaime Mayor Oreja era ministro del Interior, se permitió la entrada en las prisiones del resto de España a un grupo de personas de la Asociación Pro Derechos Humanos para realizar un estudio similar que fue incluso publicado. '¿Cómo explicaremos luego a Europa que el Gobierno catalán es el único que veta una iniciativa de este tipo?', remató Iñaki Rivera.