¿Derechos constitucionales en colegios públicos?

La campaña de la Iglesia católica, para perpetuar el anacronismo de una enseñanza confesional en centros escolares públicos, ha llevado a llenar éstos de carteles que dicen: 'Apunta a tus hijos a clase de religión y moral católica'.

En el centro en el que trabajo, un grupo de profesores pedimos al director que retirase ese cartel porque iba en contra de la libertad de creencias y no se puede admitir cualquier tipo de publicidad donde supuestamente se educa en valores de tolerancia y libertad. ¿Se admitiría publicidad del tipo: 'Pide a tus padres que voten a tal o cual partido', 'Compra tus libros aquí', 'Ayuda al Tercer Mundo, únete a movimientos antiglobalización'? Ante su negativa, objetando la libertad de expresión mientras ésta no fuese ofensiva, le comunicamos que nosotros pondríamos otro cartel. Yo, personalmente, coloqué debajo del cartel

de la iglesia una hoja con texto que reproduzco a continuación: 'Algunas reflexiones. Información que no debemos olvidar: 1. España tiene una Constitución que protege las libertades del individuo, incluidas las referentes a creencias religiosas. 2. Estamos en un centro público financiado por el dinero de todos los contribuyentes (con o sin creencias religiosas, sean del tipo que sean). Cuestiones sobre las que pensar un poco: 1. ¿Es constitucional que exista de forma obligatoria una asignatura de religión católica que obliga a los no católicos o creyentes a cursar otra asignatura como la SCR? 2. ¿Es justo que sólo se financie la enseñanza de una religión en un país pluricultural?'. Este cartel sí que fue retirado por el director, primero aduciendo que no estaba firmado (le habíamos dicho que pondríamos nuestras ideas) y luego que tapaba el de la Conferencia Episcopal (estaba debajo). Así que decidí, esta vez, pegar mi escrito encima del otro porque si se quita una información que se quite la otra y si no que se lean las dos. Ni qué decir la que se ha montado en el centro.

Saliendo de las pequeñas historias particulares. Añado unas reflexiones más, o interrogantes, a mi escrito anterior. ¿Por qué tiene este poder la Iglesia católica? ¿Quién tiene la potestad, en este país, para revisar unos concordatos firmados en 1979 bajo las presiones y miedos de un momento histórico muy peculiar? ¿Por qué el Estado Vaticano tiene patente de corso en cuestiones tributarias y educativas, entre otras? ¿Aceptaríamos que el Estado francés, por poner un ejemplo, y en base a unos acuerdos firmados no se sabe cómo, pudiese recaudar dinero de los españoles, comprar y vender propiedades, y no cotizar como el resto de los ciudadanos? ¿Aceptaríamos que este Estado decidiese quién trabaja en centros españoles (no en su embajada) en calidad de profesores de cultura francesa y, además, a cargo de nuestros bolsillos?- María Teresa Ibáñez Orcajo. Guadalajara.