Derecho a expresarse

Algunos alcaldes del PP han pretendido reabrir la guerra lingüística, en una actitud ciertamente irresponsable, al ignorar supuestos democráticos que atañen a la cohesión y convivencia pacífica de toda una sociedad

Algunos alcaldes del PP han pretendido reabrir la guerra lingüística, en una actitud ciertamente irresponsable, al ignorar supuestos democráticos que atañen a la cohesión y convivencia pacífica de toda una sociedad. En una comunidad donde coexisten dos lenguas, en teoría debería de darse un trato igualitario y equitativo para que no hubiera discriminaciones. Aquí se ha sentado el principio de obligatoriedad de una lengua (castellano) para todos, pero sólo el derecho a usarla para el valenciano, en un plano de no igual correspondencia.

Sin embargo, en pos de la convivencia democrática, el grupo lingüístico en manifiesta desigualdad (el valencianohablante) se suma al carro democrático y espera el desarrollo de ese derecho a expresarse en su lengua. Es la Administración la que ha asumido el compromiso de garantizar y desarrollar el derecho a expresarse en valenciano. Es, por tanto, la Administración quien de facto deviene o ha de devenir capacitada a entender y entenderse en las dos lenguas oficiales porque de lo contrario negaría el derecho que ella misma ha otorgado. Y difícilmente un derecho trasciende los límites de lo meramente formal o abstracto (es decir, papel mojado), si no se implementan los medios para poder llevarlo a cabo. El desarrollo democrático del derecho a expresarse en las dos lenguas territoriales se llama requisito lingüístico. Todo lo contrario es dejar en la indefensión al grupo lingüístico en manifiesta desigualdad, es decir el valencianohablante, el cual había aceptado previamente el dictamen de obligatoriedad para el castellano y el derecho (no formal, sino real) a expresarse en valenciano.