Sin centro por un informe

Unos 700 padres y alumnos del colegio público Marqués de Santa Cruz, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han iniciado una campaña de movilizaciones en demanda de la apertura de un instituto de secundaria que, a pesar de llevar construido casi dos años, no está autorizado para iniciar su actividad docente porque el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC) se niega a tramitar su creación jurídica.

Este instituto, que aún carece de nombre oficial, es un centro de especiales características. El colegio Marqués de Santa Cruz, y el nuevo instituto contiguo, se encuentran en el interior de la base naval de Rota, en el Poblado Naval II, en cumplimiento de un compromiso asumido en 1998 por ambos ministerios.

En 1999, el Ministerio de Defensa inició las obras de construcción, que concluyeron el pasado año. En la actualidad, con el inmueble construido, el proceso de entrada en servicio está paralizado por 'la inexplicable actitud del Ministerio de Educación', según explican los representantes de la asociación de padres de alumnos Las Dunas, que se ha constituido en una plataforma que defiende la apertura inmediata del nuevo centro.

Una portavoz del APA Las Dunas, Oliva Abraida, explica que el Ministerio de Educación justifica su negativa a autorizar que el instituto pueda iniciar su actividad docente en la ausencia de un informe favorable de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento del propio ministerio. Sin embargo, los padres aseguran haber recibido el pasado mes de marzo el informe favorable al que alude el Ministerio de Educación.

Tras estériles intentos por recibir una explicación satisfactoria, los padres han establecido un calendario de protestas. Cada viernes, los alumnos participan en una particular sentada, con la confianza de que 'en Madrid se enteren' y doten al instituto de medios y profesores. De hecho, los padres sospechan que el problema de fondo no es burocrático, sino económico.

La actuación necesaria para que el instituto pudiese comenzar su actividad costaría unos 900.000 euros (150 millones de pesetas), que el ministerio no parece querer asumir.Quien si se ha enterado del caso ha sido la Consejería de Educación de la Junta. La delegada provincial en Cádiz, Pilar Sánchez, aseguró que el Gobierno autónomo estaría dispuesto a asumir en el futuro la gestión, incluyendo el nuevo instituto en su red de centros educativos, con el fin de facilitar el uso compartido de las instalaciones. De esta forma, el nuevo instituto no sólo acogería a los hijos de los militares de la base de Rota, sino también, como ya ocurre con el centro de infantil y primaria, a la población civil de los núcleos residenciales próximos al centro.

Sánchez condicionó la recepción del centro a que El Ministerio de Educación publique en el BOE el reconocimiento del instituto, ajustado a las normas de enseñanza vigente y la posterior firma de un convenio de colaboración que vincule a las dos administraciones.

Además, se da la paradoja de que además de los padres afectados, quien también reclama al Ministerio de Educación la inmediata apertura del instituto es el propio Ministerio de Defensa, que, una vez cumplido su compromiso para financiar la construcción, quiere que la dotación sea operativa 'al más breve plazo de tiempo posible'.

Desde el Ministerio de Educación se asegura que el pasado 24 de abril se iniciaron los primeros trámites para proceder al traslado de las competencias del centro a la Junta de Andalucía.

Por el momento, y ante la falta de una solución efectiva, los padres y los alumnos anuncian que mantendrán su calendario de protestas con el objetivo de presionar a ambas administraciones a que arreglen de una vez esta 'inexpliclabe situación', que obliga a un nutrido grupo de alumnos de secundaria a dar clases en improvisados barracones prefabricados, y el nuevo instituto pueda abrir sus puertas el próximo mes de septiembre.