Sólo 13 personas han obtenido plaza fija en la Administración desde 1999

Eduardo Zaplana se descolgó hace un año en una convención del PP con una espectacular propuesta para resolver la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica que afecta a cerca de 30.000 trabajadores interinos. Pero las cosas de palacio van muy despacio. Un seguimiento de los concursos relativos a la Administración General, donde los interinos suman cerca de 4.500, revela que desde entoces sólo se han incorporado a la Generalitat 13 trabajadores fijos a partir de la Oferta de Empleo Público de 1999.

El anuncio del presidente de la Generalitat en la convención que celebraba los seis años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana abrió un intenso debate, despertó esperanzas entre los representantes de los empleados públicos y, sobre todo, alentó grandes expectativas entre los miles de asalariados de la Administración autonómica que no tienen la plaza garantizada y que no habían sido convocados a ninguna oferta de empleo público desde 1994.

Sin embargo, la espectacular propuesta ya estaba contenida en el primer decreto legislativo firmado por Eduardo Zaplana y el entonces consejero de Administración Pública, José Joaquín Ripoll Serrano, en octubre de 1994, cuyo artículo 22 establecía que 'anualmente, las necesidades de recursos humanos con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público'. El contenido del decreto fue sistemáticamente congelado durante años, en los que se multiplicaron las plazas cubiertas temporalmente en comisión de servicio y la entrada de nuevo personal interino.

Cuatro años después, en marzo de 1999, José Emilio Cervera pactó un reglamento de provisión de puestos de trabajo que firmaron Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, quien acumulaba entonces la reponsabilidad sobre Hacienda y Administración Pública. El nuevo decreto era totalmente innecesario, puesto que el acceso a la función pública está claramente establecido por la Constitución y una ley de rango estatal de 1984. Pero el acuerdo llevaba aparejada una oferta de empleo público destinada a dotar 1.037 plazas de la Administración General de la Generalitat.

La convocatoria cobró cuerpo a través de un decreto de octubre de 1999, firmado por Zaplana y Serafín Castellano, que autorizaba a 'convocar los puestos de trabajo o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo se encuentren desempeñados interina y temporalmente'. La oferta sumaba 1.037 plazas en la Administración General para la promoción interna de personal al servicio de la Generalitat.

Un rosario de denuncias ha rodeado casi todas las pruebas convocadas desde entonces. El seguimiento de los procesos a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana pone de manifiesto una lentitud exasperante en la gestión de las ofertas y errores de bulto, con sus respectivas correciones. Pero, sobre todo, revela que dos años y medios largos después sólo 13 opositores han logrado superar todas las pruebas y tomar posesión de sus puestos, 11 de ellos del grupo A que engrosan el polémico cuerpo de inspectores de Tributos de la Generalitat Valenciana.