Matrimonio a la fuerza

POCOS DÍAS DESPUÉS DE INFORMAR sobre el próximo envío a las Cortes de su tercera Ley de Extranjería, Aznar anunció un plan integral sobre la inmigración que ha encargado al vicepresidente Rajoy y que será estudiado en junio por el Consejo Europeo de Sevilla. La iniciativa invoca una justificación utilizada ad náuseam -con la ayuda de estadísticas trucadas- durante los últimos meses por el PP: a nadie puede extrañar -Aznar dixit- que los españoles 'reaccionen con recelo ante la llegada de nuevos inmigrantes', si el incremento de la inseguridad se debe a su presencia.

La coartada adolece de irresponsabilidad, e incluso de cinismo: la campaña gubernamental de emparejamiento forzoso de la inmigración con la inseguridad, presentada como una relación causal simple y directa, está multiplicando artificiosamente esos temores xenófobos y creando un clima de irracionalidad peligroso. Es cierto que el PSOE se ha metido de manera imprudente en la boca del lobo al hacer suya -con la furia del converso- la vieja consigna conservadora de ley y orden para culpabilizar al Ejecutivo del incremento de la inseguridad ciudadana; era previsible que la respuesta de Aznar y de Rajoy, especialistas en dar pellizcos de monja desde el banco azul a la oposición, consistiera en endosar la factura a los socialistas por la incoherencia y permisividad de su retórica sobre inmigración.

Aznar anuncia la tercera modificación en dos años de la Ley de Extranjería y encarga al vicepresidente Rajoy un plan integral sobre inmigración que será debatido en el Consejo Europeo de Sevilla

La revelación de que los inmigrantes con mínimos recursos o sin empleo cometen proporcionalmente más delitos contra la propiedad que los españoles con elevados ingresos o un trabajo estable es un hallazgo digno de Bouvard y Pécuchet; como buenos imitadores de los héroes de Flaubert, el presidente y sus ministros llegarán seguramente a descubrir no sólo las aguas del Mediterráneo, sino también que los clientes de los restaurantes de cinco tenedores suelen robar menos gallinas que los vagabundos hambrientos.

Desgraciadamente, la experiencia histórica muestra cómo los estereotipos fabricados con materiales étnicos, culturales o religiosos suelen provocar a la larga consecuencias devastadoras para la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. El ensordecedor ruido propagado por el Gobierno en torno al incremento de la inmigración extracomunitaria y el supuesto aumento correspondiente de la inseguridad ciudadana transforma una correlación mediada por complejos factores (desde la marginalidad y la pobreza hasta el distinto celo de policías o fiscales para detener sospechosos y pedir prisiones preventivas) en un nexo monocausal. Los avances en las urnas registrados en varios países europeos durante los últimos meses por partidos xenófobos explican la estrategia del PP, orientada a retener a su electorado más hostil a los inmigrantes; sin embargo, ese tipo de mensajes puede engendrar una dinámica propia, como está sucediendo con las movilizaciones contra la construcción de una mezquita en Premià.

La nueva Ley de Extranjería -la tercera en dos años-, ideada para 'agilizar' la expulsión de los inmigrantes irregulares (esto es, para reducir o suprimir las garantías procesales y constitucionales de su traumática deportación), confirma la peligrosa deriva emprendida por el Gobierno de Aznar. Un reciente ensayo de José María Ridao (La elección de la barbarie, Tusquets, 2002) denuncia la cruel hipocresía de los diagnósticos oficiales que se limitan a describir -desde el lado de la oferta- a los inmigrantes extracomunitarios como soldados de una horda invasora, pero fingen ignorar -desde el lado de la demanda- su inclusión en un ejército de reserva formado por desempleados dispuestos a trabajar en condiciones laborales y salariales rechazadas por los españoles. Sometidos a prácticas semiesclavistas por los empresarios de la economía sumergida, esos inmigrantes no sólo pueden ser expulsados por una Administración incapaz de impedir su delictiva explotación, sino que deben además pedir perdón por suscitar el recelo de los ciudadanos de bien.