Un Gobierno sin autoridad, un país inseguro
La política de seguridad o, para ser preciso, la ausencia de política de seguridad, se ha convertido en una muestra más del divorcio existente entre la ciudadanía y quienes nos gobiernan. En efecto, los alcaldes, de todos los partidos políticos, de las áreas en las que todavía no se ha efectuado el despliegue de los Mossos d'Esquadra (área metropolitana de Barcelona, Tarragona y, especialmente, las tierras del Ebro), en el transcurso de los dos últimos años, vienen denunciando la falta de efectivos policiales, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en sus municipios.
Por un lado tenemos el Gobierno del Estado que reduce apresuradamente sus efectivos policiales en Cataluña, argumentando el traspaso de estas competencias a la Generalitat; y por otra parte tenemos al Gobierno autónomo que, hasta ahora, no parece haber tenido demasiada prisa en completar el despliegue de los Mossos, en contraste con las prisas en obtener de la Administración del Estado ésta y otras competencias. En definitiva, unos por otros y la casa, Cataluña, sin seguridad. CiU y PP no son capaces de asegurar un servicio público de seguridad ciudadana en todo el territorio de Cataluña. Un hecho que inquieta grandemente a la ciudadanía.
La situación actual es que donde se ha realizado el despliegue de los Mossos d'Esquadra las ratios de policías por cada 1.000 habitantes se cumplen. Así, Manresa ostenta una ratio de 4 por 1.000. Contrariamente, donde todavía no se ha producido el despliegue, en los últimos dos años la ratio está muy por debajo de lo que debería ser. Por ejemplo, Vilanova i la Geltrú, con una población similar a la de la citada Manresa, tiene una ratio de sólo 0,7 por 1.000. La cuestión está en que los ciudadanos, residentes en cualquier municipio, tienen derecho a igual grado de protección por los diferentes cuerpos policiales, autonómicos o estatales.
Se ha llegado a esta situación, fundamentalmente, por omisión por parte del Gobierno de la Generalitat. Éste es responsable de la seguridad ciudadana en Cataluña. Dispone de mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes cuerpos policiales, como la Junta de Seguridad de Cataluña. Y manifiesta, cada vez con mayor desparpajo, unas supuestas relaciones privilegiadas con el Gobierno de Madrid que lo hacen, o deberían hacerlo, capaz de resolver una cuestión sobre la que la ciudadanía manifiesta un creciente grado de inquietud y preocupación.
De manera que una cosa es que el consejero de Interior haya procedido a un despliegue correcto de los Mossos, allá donde lo ha hecho, y otra que manifieste una igual dedicación a completar el despliegue en todo el territorio de Cataluña, o, en su defecto, a conseguir de su socio madrileño el mantenimiento de unas dotaciones de policía adecuadas allí donde todavía no ha podido, o no ha sabido llegar. No haberlo conseguido es su exclusiva responsabilidad. Entretanto, la inseguridad crece acercándonos, peligrosamente, a escenarios como los de Valencia o Madrid, ejemplos, donde los haya, de una ausencia clamorosa de servicios y políticas de seguridad.
Por todo ello hemos propuesto al Departamento de Interior rehacer el consenso sobre estas cuestiones, comenzando por el reconocimiento del diagnóstico formulado por los socialistas de Cataluña. Queremos que el Gobierno catalán asuma sus responsabilidades. Que el consejero Xavier Pomés asuma el mando efectivo, es decir único, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y que a través de la Junta de Seguridad de Cataluña, u otro organismo similar con competencias de coordinación, ejerza esa autoridad, para realizar la función que le corresponde: garantizar a todos los catalanes el mismo derecho a la seguridad, en forma del mismo grado de protección.
Hemos apoyado una resolución del Parlament de Catalunya que demanda 3.000 policías más, de manera que se asegure la ratio de 4,4 policías por cada 1.000 habitantes. Velaremos por el cumplimiento de tal resolución. Esperemos que en esta ocasión el Gobierno catalán y el Gobierno estatal cumplan con sus compromisos. Durante los dos últimos años, sin embargo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se van de Cataluña. No se cubren las vacantes habidas y la nueva policía de Cataluña todavía no llega. Vivimos, pues, en una situación insostenible, agravada, en ocasiones, por la falta de entusiasmo en intervenir en situaciones conflictivas, y, en otras, por un exceso en la intervención.
Tenemos una burocracia policial pero no un modelo policial. Un modelo del que deberían formar parte políticas transversales de vivienda, de educación y escolaridad, de atención social, etcétera, que son responsabilidad, también, del consejero de Interior, en sintonía solidaria con el Gobierno del que forma parte. Lamentablemente, a pesar del consenso ofrecido por los socialistas, el Ejecutivo catalán no parece capaz de llevarla a cabo. El consejero Pomés es consciente del problema, pero tiene las manos atadas por sus socios del Partido Popular. Porque, de hecho, forma parte de un Gobierno obsesionado por la, ya más cercana, cita electoral, subordinando en todo momento su acción al apoyo de los populares. Un Gobierno sin autoridad en un país inseguro. Debemos cambiarlo.
Antoni Siurana Zaragoza, alcalde de Lleida y consejero alternativo de gobernación e interior.
