La ciudad insegura
Hace un par de años, el Gobierno francés realizó una gran encuesta sobre las condiciones de vida en las ciudades. Entre las preocupaciones de los ciudadanos, tres destacaban mayoritariamente: los franceses querían unas ciudades más seguras, con menos coches y más verde.
En esta última exigencia, querían traer el campo a la ciudad, y no al revés. Probablemente, muchos de ellos estén de vuelta, o pensando en volver, de la moda del adosado. Una de las razones de esa vuelta a casa era, precisamente, las condiciones de inseguridad en las afueras, además de la auto-dependencia (de automóvil) a que están sometidos los que viven en esas periferias.
Vistas ahora las cosas, y después de la sacudida electoral del 21 de abril, se entiende mejor la raíz del asunto: la clase política tradicional hace tiempo que se desentendió de los problemas reales de los ciudadanos, y los oportunistas hacen su agosto. Unos problemas como los citados que, por cierto, concitan mayor aquiescencia entre los electores, sean del signo que sean.
La queja sobre la inseguridad relacionada con la delincuencia, ha sido considerada históricamente como una reivindicación conservadora, al ir asociada a la propiedad privada, por lo que la izquierda entiende que no es éste un asunto en el que hay que mojarse demasiado. Sin embargo, ahora ha descubierto en España que puede servir para desgastar al Gobierno.
El incremento de la inseguridad, o si se prefiere el aumento del riesgo de ser agredido, no proviene únicamente de la delincuencia. Otros riesgos nos amenazan en la ciudad, y no es la delincuencia el que más víctimas provoca: los accidentes laborales se llevan al año unas mil vidas, son accidentes fundamentalmente urbanos, y unos cuantos miles más los matan los coches, (por no hablar de los heridos en ambos casos) y aquí enlazamos con otra preocupación de los franceses.
Y es que, de una u otra forma, todo gira en torno a la misma cuestión: el riesgo.
¿Recuerda el lector a algún ministro del Interior o alcalde que haya dado la cara respondiendo por la cuota de responsabilidad que le corresponde en esta carnicería del asfalto? Si exceptuamos la iniciativa (importante pero ya olvidada) del Senado en 1991, resulta increíble el desinterés que muestran el Gobierno y la oposición. Una responsabilidad que proviene tanto del diseño de las calles y del sistema de gestión del tráfico, como de la impunidad con la que muchos conductores incumplen la ley.
En Valencia, ahora resulta que nos ocupamos más de los coches incendiados que de las víctimas de los coches. Quien, con un mínimo de sensibilidad, haya visto las escenas de los jóvenes víctimas en nuestra ciudad de hace unas semanas, o la imagen de la madre abrazada al cuerpo sin vida de su hijo recién atropellado en la A-7, difícilmente las podrá olvidar, pero me temo que pocos infieran de estos hechos responsabilidades políticas asociadas.
Delitos: diga lo que diga el Gobierno (siempre a la defensiva) la delincuencia en la calle (por no hablar de la doméstica) está creciendo a marchas aceleradas: no hay más que ver el blindaje de algunos edificios, viviendas y comercios, y si no, haga el lector una encuesta en su entorno más próximo; una buena parte de votantes, de todos los colores, jóvenes y mayores (especialmente vulnerables) han sido víctimas recientes de alguna clase de violencia.
Podríamos hablar de otros riesgos, nada despreciables. El de los accidentes fortuitos de peatones debidos al estado vergonzoso de algunas calles, el riesgo a la pérdida del empleo en un mundo laboral tan precarizado, el riesgo al fracaso escolar, el riesgo a los desastres no tan naturales, o a perder la vivienda por proyectos de interés general... o el riesgo cada vez más alto y contrastado de adquirir una enfermedad ambiental (alimentos, ozono, radiación...).
La ciudad, que debiera ser el centro de la convivencia, de la solidaridad, y de la seguridad, hoy no cubre mínimamente los derechos históricos que los ciudadanos le han otorgado. La privatización de la calle está llegando a tales límites, que pocos indicios podemos encontrar de que se trata de un espacio público. Uno, irrenunciable, es la presencia de servidores públicos que garanticen los derechos cívicos.
La legitimación democrática de la represión de los excesos, pero sobre todo de la prevención, es una asignatura urgente en nuestro país. Y se hace necesario exigir responsabilidades políticas a quien corresponda en cada caso, no sólo a los ciudadanos.
Pero más urgente me parece analizar y combatir las raíces de tanta violencia. Este limitado espacio no da para más, pero no quisiera terminar por señalar que existen probadas estrategias que han dado resultados muy positivos en la prevención de muchos de estos riesgos, (en estas mismas páginas comenté la visión cero sobre seguridad vial).
Y tampoco quisiera insistir en algo obvio; algunos de estos peligros acarrean a su vez otros de carácter social: el aumento de la insolidaridad ciudadana y de la xenofobia.
Considerar los accidentes de tráfico o las enfermedades ambientales como una inevitable consecuencia de la vida actual es, sencillamente intolerable. Culpar exclusivamente de los accidentes laborales a los trabajadores es injusto. Asociar, sin más, el incremento de la delincuencia a la inmigración es algo miserable.
Joan Olmos es ingeniero de Caminos.
